Uruguay inició este lunes el regreso gradual a las clases de los niños que viven en sectores rurales por ser las zonas de menor incidencia del COVID-19, luego de que estas fueran suspendidas el 23 de marzo como consecuencia del incremento exponencial de los casos y muertes por COVID-19 que han tenido lugar durante las últimas semanas en el país sudamericano.
Unos 5.000 niños de 726 escuelas del interior del país retornarán a sus actividades pese a que la situación sanitaria no ha observado mejores notables.
No obstante, el presidente de la Asociación Nacional de la Educación Pública (ANEP), Robert Silva, destacó que este regreso a la presencialidad en las escuelas rurales “es seguro y responsable” y valoró “el compromiso” de los involucrados en la educación pública en el cumplimiento de las medidas sanitarias.
“Es fundamental monitorear este proceso y en eso estamos comprometidos. Porque la importancia que ratificamos en la educación pública la tenemos que llevar adelante en estos momentos de tantas dificultades”, expresó.
Agregó que aún restan 19 escuelas por iniciar sus actividades por “problemas con licencias” o por estar en obras y detalló que hay dos “en condiciones” en la espera de niños.
El retorno gradual a las escuelas fue anunciado el pasado 26 de abril en una rueda de prensa por el ministro de Educación Pública, Pablo Da Silveira; el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y Silva, al término del Consejo de Ministros que evaluó la situación de la pandemia en el país.
Da Silveira subrayó en esa ocasión que “no es seguro” que en mayo todos los estudiantes retornen a las clases presenciales, sino que será un proceso progresivo, y resaltó que una de las ventajas actuales es que más del 70 % de los docentes están vacunados.
En dicha conferencia, tanto el mandatario como el titular de la cartera establecieron las fechas del 3, el 10 y el 18 de mayo como hitos para la incorporación progresiva a las aulas, si bien quedarán fuera de ese calendario la educación superior, la técnica y parte de la secundaria y primaria del país.
Pese a las elevadas cifras del COVID-19 durante abril, Lacalle Pou reiteró en varias ocasiones que su Gobierno no tomará más medidas coercitivas ante la “triste realidad” que afronta la nación sudamericana.
En este momento, los 19 departamentos se encuentran en zona roja según el índice de Harvard, al acumular más de 25 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. El país acumula un total de 204.120 casos positivos y 2.796 muertes, según un conteo del portal especializado en estadísticas Worldometers.
(Con información de EFE)
SEGUIR LEYENDO:
Últimas Noticias
Magnicidio de Fernando Villavicencio: apoyo del buró de RC y de su exesposa a la tesis de que el caso fue “armado”
La etapa investigativa por el asesinato del periodista y excandidato presidencial concluyó tras dos años y siete meses
La suspensión de COSCO Shipping impacta la actividad en el puerto de Balboa en Panamá
El cambio en la administración portuaria, tras la anulación judicial de un contrato anterior y la llegada de una filial danesa, ha generado incertidumbre y tensión internacional por el futuro de las operaciones logísticas en Panamá
La Policía Nacional Civil detiene a dos conductores por sospecha de conducción peligrosa en El Salvador
Dos detenidos acaparan la atención por su temerario manejo y niveles extremos de alcoholemia. El castigo se intensifica mientras los accidentes y víctimas aumentan sin freno. Las autoridades reevalúan estrategias y el impacto es incierto
Operativos antidrogas en Honduras abarcan múltiples departamentos y dejan al descubierto redes que utilizan negocios fachada para lavar activos
Diversos equipos especializados ejecutan acciones coordinadas en puntos críticos, identificando vínculos entre estructuras criminales e incautando recursos que sustentan operaciones ilegales para el tráfico internacional de sustancias prohibidas
De las estafas románticas a los falsos policías: Brasil, entre las víctimas de las fábricas asiáticas de “scam”
Las autoridades hallaron un complejo en la frontera de Camboya y Tailandia donde bandas internacionales recrearon oficinas policiales falsas, implicando a ciudadanos brasileños como víctimas y a trabajadores latinos sometidos a explotación en actividades delictivas digitales
