Haití: un país atrapado entre dos presidentes, bandas de secuestradores y la miseria crónica

Jovenel Moïse dice que no terminó su mandato y se queda un año más. La oposición ya nombró a un reemplazante. El gobierno usa a las organizaciones criminales para permanecer en el poder

El controvertido presidente haitiano Jovenel Moise. EFE/Orlando Barría.
El controvertido presidente haitiano Jovenel Moise. EFE/Orlando Barría.

Las penurias y el hambre crónicas de Haití estuvieron ligadas siempre a una larga serie de políticos corruptos, autocráticos y brutales que fueron sumando inestabilidad en el país. A esa lista, ahora se suma el actual presidente, Jovenel Moïse. Está montado en una controversia sobre cuándo debe dejar su mandato y para mantenerse en el poder se está valiendo de bandas de delincuentes que atacan opositores mientras hacen buenos negocios secuestrando gente.

Tras tomar posesión de su cargo hace cuatro años, el mandato de Moïse se caracterizó por una degradación de las instituciones democráticas y una violencia extrema que convirtieron a la capital haitiana, Puerto Príncipe, en una ciudad sumida en el miedo y la desesperación. Las bandas armadas se manejan impunemente y se las ve atravesar las calles en caravanas de motos o camionetas blindadas. Cada grupo mantiene el control de al menos un barrio donde imponen el terror y cobran peajes a los propios habitantes del lugar. Y los barrios que son conocidos por su voto opositor son atacados permanentemente.

La mayoría de los partidos y organizaciones de la oposición haitiana nombraron el lunes pasado al juez Joseph Mécène Jean-Louis “presidente de la transición”, al considerar que el domingo 7 de febrero finalizó el mandato de Moïse. Jean-Louis, magistrado de 72 años y miembro del Tribunal de Casación desde 2011, envió un video a través de las redes sociales en el que dijo que acepta “la elección de la oposición y de la sociedad civil para poder servir al país”. El presidente Moïse, en cambio, sostiene que su mandato al frente de Haití se extiende hasta el 7 de febrero de 2022. El desacuerdo sobre la fecha surgió porque Moïse fue elegido en una votación anulada por fraude, pero resultó reelecto un año después. En un mensaje televisado, aseguró esta semana: “No soy un dictador”.

Represión en Puerto Príncipe. Desde el 7 de febrero se suceden las protestas contra la permanencia en el poder del presidente Moïse. REUTERS/Jeanty Junior Augustin
Represión en Puerto Príncipe. Desde el 7 de febrero se suceden las protestas contra la permanencia en el poder del presidente Moïse. REUTERS/Jeanty Junior Augustin

Aunque sus acciones sugieren lo contrario. El ministro de Justicia, Rockefeller Vincent, anunció que se procederá a la detención inmediata del presidente designado. Fueron 23 los detenidos, entre jueces y dirigentes políticos. Algo que lanzó a miles de personas en las calles para enfrentarse a la policía y a las bandas. Hubo muchas víctimas, pero nadie sabe las cifras exactas. Se habla de decenas. Moïse ya había disuelto el parlamento elegido democráticamente y despojado de sus cargos a los alcaldes de todo el país.

También comenzó a apoyarse en las bandas armadas a las que les dio mayor poder y se las pondera desde el gobierno porque “imponen el orden”. Esto hizo que desde comienzos de 2020 esas organizaciones delictivas se dedicaran a secuestra gente y pedir rescates que muy pocos pueden pagar. Vendedores informales, estudiantes, comerciantes y hasta policías fueron sus víctimas. Según el informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), entre enero y mayo del año pasado, los secuestros se incrementaron en un 200%. La gran mayoría de los secuestros se resuelven directamente con los familiares. Sin embargo, en ese período la policía recibió 92 denuncias de casos, 50 de ellos sólo en febrero. La organización de derechos humanos haitiana Défenseurs Plus afirma que se registraron más de 1.000 secuestros en todo el 2020; una cifra desproporcionada para un país del tamaño de Haití con once millones de habitantes. En México, por ejemplo, con 128 millones de personas y grados de violencia comparables, el año pasado, según la ONG Alto al Secuestro se registraron 1.387 casos.

Integrantes de una de las bandas de delincuentes y secuestradores que asolan a Haití. Foto: Dieu Nalio Chery
Integrantes de una de las bandas de delincuentes y secuestradores que asolan a Haití. Foto: Dieu Nalio Chery

Jameson Francisque escribió en AyiboPost -en un proyecto auspiciado por CONNECTAS en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas-, que “gracias a este rentable negocio, las bandas armadas han experimentado un desarrollo sin precedentes. Según cifras proporcionadas por la Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reintegración (CNDDR), existen más de 76 pandillas en el país. Actualmente, 500.000 armas ilegales están circulando en Haití”. Un hecho insólito que relaciona al poder con estas bandas se produjo en abril pasado cuando, en medio de una conferencia de prensa sobre el Covid-19, el primer ministro, Joseph Jouthe, aseguró que estaba “en constante comunicación con los pandilleros” y que conocían su número de teléfono, al que lo habían llamado al menos una vez. Izo, un líder de una de las bandas, se había quejado ante el ministro por los controles de rutas que estaba realizando la policía fuera del barrio controlado por su grupo. En vivo, Jouthe le prometió al delincuente que lo llamaría por la noche. En una entrevista posterior con Ayibopost, Jouthe dijo: “Las pandillas se ven a sí mismas como agentes de desarrollo porque son la ley en estos barrios. Me llamaron para pedir ayuda y aproveché para invitarlos a deponer las armas y retomar la vida normal. Lamentablemente, no aceptaron y ahora la policía está pasando directamente al desmantelamiento. No veo por qué se enojan por eso, me llamaron y respondo como a todos”.

Dos meses después, se creó una alianza entre nueve de las principales bandas de Puerto Príncipe. La bautizaron “G9 an fanmi e an alye” (familia y aliados, en creole) y está liderada por Jimmy Cherizier, alias “Barbecue”, un ex policía que fue expulsado de esa institución en diciembre del 2018 por graves violaciones a los derechos humanos. Según la Fundación Je Klere, una ONG muy crítica del gobierno, el G9 se creó para asegurar la victoria del partido de Moïse, el PHTK, en caso de que hubiera elecciones. Lo mismo asegura la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDHR). La organización cree que sería “imposible” tener unas elecciones limpias con las condiciones creadas por los delincuentes que controlan los barrios y, por ende, a los votantes y los centros de votación.

En esta situación, se incrementó el constante flujo de migrantes hacia Estados Unidos y América Latina. Muchos pasan primero por México para solicitar refugio en la frontera norte. Pero no lo están logrando. Muchos quedaron varados del lado mexicano y unos 600, según Haitian Bridge Alliance, un grupo de defensa que hace un seguimiento de los migrantes, fueron expulsados en seis vuelos especiales por haber cruzado sin documentos. Un editorial del Washington Post de esta semana le pedía al presidente Joe Biden que detenga las deportaciones y presione a Moïse para que deje el poder y se convoque a nuevas elecciones. Un desafío enorme para el nuevo presidente estadounidense. La inestabilidad crónica haitiana puede desbaratar cualquier buena intención.

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