Indignación en Chile por el millonario “perdonazo” a “Los Carlos”, condenados por un emblemático fraude al fisco

Acusan al Servicio de Impuestos Internos de Chile SII de brindar un “trato preferencial” a los condenados. Les rebajó USD 181 millones por gastos que los empresarios usaron en su defensa durante el juicio por fraude tributario que perjudicó al propio Servicio, que ahora los perdona en el marco del Caso Penta

desde Santiago, Chile
Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín
Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín

Por esta causa, el director del Servicio de Impuestos Internos SII, Fernando Barraza, fue citado de urgencia a declarar ante la sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Lo más relevante de su presentación fueron tres puntos. Primero, no es ilegal el trato preferencial a Penta. Segundo, se investigará por qué esta información se hizo pública con el respectivo castigo al o los responsables; y tercero, sólo podría proporcionar la información a los parlamentarios en una sesión secreta y reservada.

El Grupo Penta recibió un beneficio tributario equivalente USD 1.800 dólares, dinero que gastó el grupo de empresas en abogados para defenderse, precisamente, de líos judiciales que enfrentó. ¿Cuáles son?

“Los Carlos” saltaron a la vida pública por ser enjuiciados por delitos tributarios graves y millonarios. En julio de 2018, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, fueron condenados, tras una larga investigación que logró comprobar incluso con su propia declaración y reconocimiento el delito de fraude al fisco por parte del holding de empresas que ellos controlaban, Penta, que mediante la utilización de boletas de honorarios falsas, emitidas por las esposas de los empresarios, defraudaron al fisco chileno por más de 2.500 millones de pesos, equivalente a casi 3 millones de dólares. No sólo eso, con dineros ilegales y mal conseguidos, financiaron campañas políticas, la mayoría de ellos pertenecientes al partido de derecha, la Unión Demócrata Independiente UDI. Se acusó a Délano y Lavín por delitos tributarios, por soborno, por lavado de dinero y cohecho.

La fiscalía comenzó la investigación en 2014 por irregularidades tributarias en las empresas de Penta, comandadas por Los Carlos. En 2015, ambos fueron formalizados por sobornos y delitos tributarios. En el marco de esta indagatoria por el financiamiento irregular de la política, estalló otro mediático escándalo que involucró a diversas personalidades de la política chilena, entre ellos, congresistas en ejercicio y líderes de partidos políticos. Uno de los emblemáticos, el ex subsecretario de minería del primer gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Wagner, acusado de emisión de boletas a empresas ligadas a Los Carlos.

La investigación se extendió hasta 2018, cuando finalmente y sólo por el denominado Caso Penta, el fiscal Manuel Guerra ofreció a los formalizados ir a un juicio abreviado. De esta forma se realizaría una nueva formalización para recalificar los delitos de cohecho y soborno por enriquecimiento ilícito. El fiscal Guerra argumentó que no existían elementos para acreditar la existencia de cohecho y soborno.

La sensación de impunidad, sin embrago, se hizo más grande en el ambiente colectivo del país, tras el dictamen judicial referente a la arista SQM. Sin reacción concreta y eficiente desde del mundo de la política, en los que muchos tenían tejado de vidrio, por el financiamiento que los propios controladores investigados admitieron proveer a los conglomerados del país, la justicia dictó condena de cuatro años de presidio con beneficio de libertad vigilada, a pagar una multa de casi US$ 1 millón de dólares y acudir a clases de ética. Esta última condena, despertó cuestionamientos y hasta burlas.

Este miércoles, nuevamente Penta, Los Carlos y el Servicio de Impuestos Internos SII fueron noticia, tras revelarse que gracias al pago de la defensa judicial de los empresarios condenados, el servicio que regula los impuestos chilenos, le aprobó una rebaja de US$ 181 millones de dólares del monto sobre el que se calcularon sus impuestos en 2018. En resumen, los dueños de empresas Penta fueron sancionados por burlar al SII, y ahora en forma contradictoria, el ente acepta como “gasto necesario” lo que esa compañía pagó en asesorías legales durante el juicio.

La reacción provino desde distintos sectores. La ex presidenta de la Cámara de Diputados, militante del Partido Socialista PS, Maya Fernández, en declaración señaló: “Nuevamente se le perdona a los empresarios, a los amigos del Presidente, pero se busca castigar a la clase media que ha usado el bono de $ 500.000 (US$ 647) para comprar alimentos. ‘Gasto necesario’ es alimentarse, ‘gasto necesario’ es poder comprar remedios. Esto no es un gasto necesario. El ministro Briones y el director del SII tienen que dar explicaciones de por qué cambian de parecer. ¿Qué cambió? Cuando ocurre lo del bono de 500 mil pesos, todos sacan la voz, pero aquí callan. Espero de verdad que el ministro y el director den las explicaciones correspondientes”, agregó la diputada PS.

Los dichos de la parlamentaria hacen referencia al bono solidario, al que miles de chilenos accedieron desde el portal de Servicio de Impuestos Internos, en los días de confinamiento por la pandemia. Días más tarde, se estableció que hubo errores en la entrega del dinero, por lo que autoridades de Gobierno hicieron un llamado a quienes retiraron el monto y que no les correspondía por condiciones y exigencias, a devolver la totalidad de la plata. En este sentido, Fernández destacó la dimensión humana de la crisis producto de la pandemia. “En este momento, las familias lo están pasando muy mal y hay que mirar todo el entorno familiar. Por tanto me parece mal que en medio de una pandemia y en una crisis económica, se persigan a los ciudadanos de nuestro país y se perdone a los empresarios. Esta es una mala señal, incluso para el empresariado, No nos ayuda en nada esta imagen”, remató.

LEONARDO RUBILAR/AGENCIAUNO
LEONARDO RUBILAR/AGENCIAUNO

Por su parte, el director del SII fue citado inmediatamente a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas, para dar explicaciones sobre esta determinación que brindó una millonaria rebaja a las empresas de Los Carlos.

La autoridad respondió a los cuestionamientos en el parlamento y señaló que “es importante hacer mención a esta situación, el aclarar que aquí no hay una situación de privilegio, aquí no hay una excepción, aquí no hay una situación de ningún tipo extraordinaria, más allá de lo que establece estrictamente la normativa”, aclaró.

Se excusó de no poder entregar más antecedentes, se remitió a señalar que “sólo les podría decir muy escuetamente, que en este caso, como en todos los que se someten a fiscalización, nosotros no hemos hecho más que cumplir con lo que la ley establece”.

Para Barraza, lo más grave de toda esta situación no es el beneficio que recibió Penta, sino la filtración de los antecedentes a la prensa. “Tal vez, lo insólito es que este es un caso que se filtra y yo creo que ahí hay un punto que es importante que nosotros obviamente evaluemos, no está bien que los antecedentes tributarios de las fiscalizaciones a los contribuyentes, que están amparadas en el secreto tributario, se filtren”, dijo.

Por esa razón, el director del Servicio anunció el inicio de una investigación, a fin de llegar a los responsables de revelar públicamente la información. Por tratarse de antecedentes tributarios que ante la ley son secretos, el director se excusó de no poder entregar el detalle de este caso en particular.

“Nosotros no tenemos ninguna dificultad, ni impedimento para dar todas las explicaciones que sean necesarias, con la única salvedad que para referirnos a un caso en particular, requerimos hacer respetar el secreto tributario”, señaló.

Por lo anterior, le pidió a la comisión que se realizara “una sesión secreta o reservada” para poder explayarse. El argumento fue apoyado por el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) e integrante de la Comisión de Hacienda, Patricio Melero, quien se mostró a favor de hacer una sesión secreta para analizar el caso.

Se trata del escándalo por fraude y corrupción más grande que exista en la historia reciente de Chile. Por eso, está fresca en la memoria las clases de ética y los nombres de los políticos chilenos que se pasearon por tribunales mientras duró la investigación de los casos investigados, que ahora arroja un nuevo antecedente. La millonaria rebaja tributaria, por parte de la misma entidad defraudada en delitos que fueron asumidos por los propios empresarios.

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