La Asamblea Legislativa del estado de Río de Janeiro (ALERJ, por sus siglas en portugués) decidió el miércoles instituir un proceso de juicio político contra el gobernador Wilson Witzel.
69 de los 70 parlamentarios votaron a favor de la moción, mientras que el restante no respondió cuando se lo llamó a hacerlo. De acuerdo con el diario O Globo, incluso se pronunciaron en esta línea los diputados del Partido Social Cristiano (PSC), al cual se encuentra afiliado Witzel.
De hecho, el gobernador enfrentaba un total de 14 acusaciones de esta naturaleza presentados por distintos legisladores.
La sentencia final, que determinará la permanencia o no del gobernador, recaerá en un comité compuesto por cinco diputados, cinco jueces y el presidente del Tribunal de Justicia de Río.
Aunque el presidente de la Asamblea Legislativa, André Ceciliano (Partido de los Trabajadores), podría haber tomado la decisión de abrir la acusación por sí mismo, decidió someter la elección al pleno de la Cámara.
“Recibo con espíritu democrático y resiliencia la noticia de la tramitación del proceso de impeachment por parte de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro”, expresó Witzel en un comunicado.
“Estoy absolutamente tranquilo sobre mi inocencia. Fui electo teniendo como pilar el combate a la corrupción y no abandoné en ningún momento esa bandera. Es eso lo que, humildemente, iré a demostrar ante las señoras diputadas y los señores diputados”, agregó.
“Voy a seguir en mis funciones como gobernador y me prepararé para la defensa. Tengo certeza de que los parlamentarios juzgarán los hechos como verdaderamente ocurrieron”, concluyó.
El 26 de mayo pasado fue registrada la residencia de Witzel en el marco de un proceso que investiga la existencia de una trama de corrupción que supuestamente desvió dinero en la construcción de hospitales de campaña por la crisis del coronavirus.
Ese mismo día, el presidente Jair Bolsonaro advirtió que habría “más investigaciones” que tendrían como blanco algunos Gobiernos regionales sospechosos de fraudes en sus licitaciones para combatir el nuevo coronavirus.
El gobernador, actual adversario político del presidente, ha negado cualquier participación en el esquema y atribuyó la requisa a una “persecución política”.
El estado, en problemas por el COVID-19
La semana pasada, la justicia desautorizó un decreto de Witzel que apuntaba a la reapertura del confinamiento del estado, por lo que las autoridades debieron dar marcha atrás.
Un juez brasileño derogó parte de los decretos, por los que la Alcaldía y el Gobierno estatal de Río de Janeiro iniciaron procesos de desescalada de las medidas de distanciamiento social para frenar el avance del COVID-19 sin que la región hubiese alcanzado el pico de la curva de contagios.
Entre los artículos derogados se destacan los que permitían la reapertura de centros comerciales, templos religiosos, restaurantes y bares, así como el reinicio de las competiciones deportivas con público.
Río de Janeiro, con más de 6.400 muertes y 63.000 casos registrados al miércoles, es el segundo estado con mayor número de víctimas totales de la pandemia en Brasil, solo después de San Pablo.
Sin embargo, la gobernación había justificado su decisión argumentando indicadores sanitarios como el número de hospitalizaciones por Síndrome Respiratorio Agudo Grave, los diagnósticos confirmados y la tasa de incidencia de casos.
A mediados de abril, el propio Witzel dio positivo por el COVID-19, y pidió a los habitantes que se “queden en casa”. En una publicación en Twitter, Witzel dijo que no se había sentido bien y fue entonces cuando pidió la realización de un examen. “Hoy, el resultado salió positivo”, dijo en ese entonces.
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