La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los Estados Unidos sancionó el jueves a la Policía Nacional de Nicaragua por su papel en las graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua.
Asimismo, la oficina sancionó individualmente a tres comisionados de la policía —Juan Antonio Valle Valle, Luis Alberto Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina— por su intervención como altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua durante la represión contra la población civil.
“El régimen de Ortega ha utilizado a la Policía Nacional de Nicaragua como herramienta en su campaña de represión violenta contra el pueblo nicaragüense”, expresó el secretario Steven T. Mnuchin. “El Tesoro ha asumido el compromiso de que rindan cuentas quienes procuran acallar a las voces democráticas en Nicaragua”, añadió, a través de un comunicado.
Las sanciones se aplican a la policía nacional como entidad, así como a los tres comisionados.
La policía está siendo designada de conformidad con la Orden Ejecutiva 13851, “Bloqueo de bienes de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”, y la Ley sobre Derechos Humanos y contra la Corrupción en Nicaragua (Nicaragua Human Rights and Anticorruption Act) del año 2018, durante las manifestaciones que empezaron en Nicaragua el 18 de abril de 2018.
Entre otras cosas, la institución fue encontrada culpable de usar municiones reales contra manifestantes pacíficos y de participar en escuadrones de la muerte, así como de perpetrar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y secuestros.
La OFAC ya había adoptado anteriormente medidas contra funcionarios de la policía implicados en actos selectivos y significativos de violencia o violaciones de los derechos humanos. El 7 de noviembre de 2019, la OFAC designó al subdirector general Ramón Antonio Avellán Medal en virtud de la Orden Ejecutiva 13851 y la NHRAA por ser, en ese momento, funcionario del Gobierno de Nicaragua y por su carácter de subdirector general de la policía nacional.
Asimismo, el 5 de julio de 2018, la OFAC designó al director general Francisco Javier Díaz Madriz conforme a la Orden Ejecutiva 13818, “Bloqueo de bienes de personas implicadas en graves violaciones de derechos humanos o actos de corrupción”, que amplía e implementa las sanciones conforme a la Ley Magnitsky sobre Rendición de Cuentas Global en Derechos Humanos y adopta acciones contra responsables de graves violaciones de derechos humanos y actos de corrupción.
Desde el comienzo de la inestabilidad política en 2018, miembros de la PN y de fuerzas parapoliciales han llevado a cabo secuestros y ejecuciones selectivas de líderes políticos de oposición. Según señalamientos públicos de altos funcionarios de la PN, las fuerzas parapoliciales, un grupo paramilitar integrado por voluntarios que suelen ser agentes de la PN vestidos de civil, operan con impunidad siguiendo instrucciones de la PN. En julio de 2018, la PN y las fuerzas parapoliciales llevaron adelante la “Operación Limpieza” para reprimir a manifestantes y despejar barricadas en las calles, con un saldo de cerca de 100 personas muertas.
“Estados Unidos efectúa la designación de la PN conforme a la Orden Ejecutiva 13851 en razón del papel que ha tenido al perpetrar graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua. También se designa a la PN conforme a la NHRAA por ser responsable o cómplice, o ser responsable de ordenar, controlar o instruir de otra forma, o partícipe a sabiendas en forma directa o indirecta, en relación con actos significativos de violencia o conductas que constituyen abusos graves o violaciones de derechos humanos contra personas vinculadas con las manifestaciones que empezaron en Nicaragua el 18 de abril de 2018”, denunció, por su parte, el Departamento de Estado en un comunicado.
Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes y participaciones en bienes de los tres funcionarios y la entidad que se encuentren en Estados Unidos o en poder o bajo el control de personas estadounidenses, y de las entidades en las que el 50% o más pertenezca, en forma directa o indirecta, a las personas y la entidad designadas, quedan bloqueados y deben ser informados a la OFAC.
Las reglamentaciones de la OFAC prohíben de manera general todas las transacciones de personas estadounidenses o que se realicen dentro de Estados Unidos (o que transiten por ese territorio) que involucren bienes o participaciones en bienes de personas designadas o alcanzadas por otras medidas de bloqueo.
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