El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció un incremento adicional del salario mínimo para este año, con un coste previsto para el Estado de 2.130 millones de reales adicionales (USD 515 millones) en 2020, a fin de compensar una inflación de diciembre más rápida de lo anticipado.
Tras una reunión con el ministro de Economía, Paulo Guedes, el presidente dijo que presentará un decreto al Congreso autorizando un salario mínimo de 1.045 reales al mes a partir del 1 de febrero, un aumento de seis reales sobre la cantidad establecida a finales de diciembre.
“Tuvimos una inflación atípica en diciembre; no esperábamos que fuera tan alta”, dijo. “Se debió principalmente a la carne y tuvimos que asegurarnos de que se mantuviera el valor del salario mínimo”.
La semana pasada, el instituto nacional de estadísticas mostró que el indicador de inflación INPC utilizado como base para los cambios en el salario mínimo terminó 2019 por encima de las expectativas. El Gobierno informó la semana pasada que la inflación de 2019 fue del 4,31 %, una tasa superior tanto a la de 2018 (3,75 %) como a la esperada por el mercado (4,13 %) y por el propio Gobierno (4,1 %).
La decisión tendrá un gran impacto en las finanzas públicas de Brasil, ya que los beneficios estatales están vinculados al salario mínimo.
“El presidente defendió el cumplimiento de lo establecido por la Constitución, que garantiza la preservación del poder de compra del salario mínimo”, explicó por su parte el ministro de Economía, Paulo Guedes.
De acuerdo con el titular de la cartera de Economía, el problema residió en que la proyección más optimista para la inflación en 2019 con que el Gobierno contaba el 31 de diciembre quedó por debajo de la inflación real el año pasado.
La nueva decisión de Bolsonaro ubica el reajuste del salario mínimo (4,7 %) por encima de la tasa de inflación como era el interés del líder ultraderechista en diciembre.
Guedes agregó que, con el nuevo reajuste, el Gobierno revisará sus proyecciones para que la decisión no desequilibre las cuentas públicas.
Ello debido a que, además de servir de base para el salario mínimo que las empresas tienen que pagar a sus trabajadores, el valor también es referencia para reajustar los beneficios asistenciales, las pensiones, las jubilaciones y hasta el seguro de desempleo.
Proceso de privatización
Por otra parte, el Gobierno espera que la privatización de alrededor de 300 compañías este año genere alrededor de 150.000 millones de reales, según Salim Mattar, secretario especial de privatización, desinversión y mercados del Ministerio de Economía.
Se venderá la casa de la moneda nacional y también podría aprobarse la privatización de la eléctrica estatal Eletrobras en 2020. La oficina de correos también se venderá, pero probablemente no este año, agregó Mattar.
La Administración Bolsonaro también quiere presentar un proyecto de ley al Congreso para la aceleración de las privatizaciones, posiblemente permitiendo su gestión por el banco estatal de desarrollo, Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).
(Con información de Bloomberg y EFE)
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