Ecuador afronta su segundo día de estado de excepción decretado por el Gobierno, mientras se mantienen las manifestaciones que estallaron por la eliminación de subsidios a los combustibles, en el marco de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En diversos puntos de concentración de manifestantes en Quito, como en el parque El Ejido, hubo enfrentamientos con policías este viernes.


“El día de hoy, la casi totalidad de Ecuador está haciendo sus actividades en paz”, dijo el jefe de Estado, Lenín Moreno, antes de mostrar su satisfacción por “la respuesta inmensa, mayoritaria del pueblo ecuatoriano para apoyar una decisión valiente del Gobierno”. Se refería a la eliminación de los subsidios a los combustibles tras lo cual el valor del galón de diésel pasó de 1,03 dólares a 2,27, mientras que el de la gasolina conocida como “extra”, la de mayor consumo en el país, se elevó de 1,85 a 2,30 dólares.
PUBLICIDAD
Amparados en el estado de excepción, los militares despejaron este viernes las carreteras donde manifestantes protestaban por el alza del precio de los combustibles.

En el norte de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, manifestantes agredieron vehículos en los que se transportaban los militares, rompiendo varias de sus ventanas.
PUBLICIDAD
Alfredo Tutillo, presidente de una comunidad de parroquia de Cangahua del cantón Cayambe, informó a EFE de que militares lanzaron bombas lacrimógenas en el sitio donde estaban reunidos los indígenas, los que provocó heridas a doce personas, dos de ellas de gravedad, que fueron trasladadas a hospitales en Quito.
La Policía, de su lado, dispersó con gas lacrimógeno a quienes bloquearon vías con neumáticos en llamas, así como con palos y piedras, en el norte de Quito.
PUBLICIDAD
En la capital ecuatoriana los ciudadanos se movilizaron a pie o en transporte metropolitano, en una jornada en la que también circularon autobuses de militares para apoyar a la ciudadanía.

Con datos hasta la media mañana de hoy, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó de que 59 policías resultaron heridos en las protestas.
PUBLICIDAD
Asimismo, cifró en 350 las personas detenidas desde que iniciaron las manifestaciones, entre ellas dirigentes del transporte en Quito y en el sur del país.
El mayor número de detenciones (159) ocurrieron en la ciudad costera de Guayaquil (suroeste), seguida por Quito (118), de acuerdo con Romo, que aclaró que la mayoría de casos se refieren a hechos de vandalismo registrados el jueves.
PUBLICIDAD
El vicepresidente del país, Otto Sonnenholzner, pidió a la ciudadanía que no confunda protesta con vandalismo, e insistió en que "el Gobierno en pleno rechaza la violencia".
Aseguró que las autoridades conocen quiénes están detrás las movilizaciones violentas contra de las políticas de ajuste económico del Gobierno y los señaló de querer sumir al "país en el caos".
PUBLICIDAD
El jefe de Estado apuntó en la víspera que la intención de los manifestantes que protagonizaron disturbios con las fuerzas de seguridad y bloqueado calles y vías del país era “desestabilizar el Gobierno”.

El gobernante reiteró hoy su voluntad de diálogo pero aseguró que mantendrá la eliminación de subsidios.
"Bajo ninguna circunstancia vamos a cambiar la medida, que se oiga bien, no voy a cambiar la medida. Que quede claro, se eliminó el subsidio, se acabó la zanganería, y de aquí en adelante vamos construyendo el nuevo Ecuador que todos anhelamos, que todos soñamos", dijo tajante.
PUBLICIDAD
Y se mostró abierto a encontrar mecanismos para paliar el efecto que pueda tener en algunos sectores la eliminación de los subsidios a los combustibles que, según dijo son "nocivo para la economía" pues han representado pérdidas de unos 60.000 millones de dólares al país en las últimas cuatro décadas.
De su lado, el ministro ecuatoriano de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, reveló que se analiza por parte del Gobierno recomendar a las compañías de transporte urbano e interurbano la fijación de tarifas para paliar el alza de precios del combustible.
PUBLICIDAD
Precisó que desde el Gobierno siempre se ha mantenido la disposición de dialogar con la intención de buscar fórmulas "que permitan encontrar un equilibrio en el precio ya que la eliminación del subsidio del diésel tiene un impacto en la tarifa de pasaje".
El alto cargo indicó que se busca el diálogo con todos los sectores de transporte pero en el caso de los taxistas, ámbito que calificó de “más radicalizado”, se les exige que retomen la actividad antes de sentarse en la mesa de negociación: “Tienen que deponer la medida si quieren un diálogo con el Gobierno”.
Con información de EFE
MÁS SOBRE ESTE TEMA:
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Remesas, lavado de dinero y opacidad: expertos advierten sobre riesgos en el sistema financiero mexicano
Expertos y periodistas han expuesto cómo recursos ilícitos logran ingresar al país, ocultos bajo la apariencia de apoyos familiares, y cómo las instituciones financieras estatales juegan un papel central en estas operaciones

Regresó la brigada de Costa Rica tras completar 21 misiones de rescate en Venezuela
La delegación de la CNE y bomberos evaluó 163 estructuras afectadas y relató su experiencia durante el operativo, según informó el organismo

El Salvador: cómo los adultos mayores pueden pedir cuota alimenticia a hijos y nietos
La Procuraduría General de la República reportó ochenta trámites iniciados por adultos mayores hasta abril de 2026, en los que reclamaron apoyo económico a descendientes directos. El proceso contempla presentación de documentos, análisis de la situación y posibles sanciones si el obligado no cumple

Más de 24 mil personas afectadas por el desplazamiento forzado en Honduras y ACNUR advierte que la cifra podría ser mayor
Una amenaza, una llamada y un mensaje intimidante. En cuestión de horas, una familia puede verse obligada a abandonar la casa donde construyó toda una vida.

“Hasta las paredes oyen” en Nicaragua: vigilancia a sacerdotes, homilías bajo sospecha y el riesgo de cárcel o destierro
El asedio policial y las fotos no serían lo único, el régimen también exige reportar salidas y movimientos. Una palabra sobre problemas sociales puede volverse denuncia. La comunicación interna se resiente y la desconfianza crece


