Un tribunal de Nicaragua ordenó el martes la liberación definitiva de un presunto paramilitar que mató a balazos a la estudiante brasileña Rayneia Gabrielle da Costa Lima, crimen ocurrido hace exactamente un año en Managua.
Tres magistrados de la Sala Penal 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua ordenaron liberar a Pierson Gutiérrez, quien fue condenado en noviembre a 15 años de prisión por homicidio y portación ilegal de armas, se anunció en una resolución divulgada a la prensa.
Gutiérrez admitió haberle disparado varias veces a la joven, quien conducía rumbo a su casa después de un turno en el hospital. La víctima, de 25 años, recibió varios impactos en órganos vitales, según funcionarios de la universidad capitalina de la que estaba a punto de graduarse con un título en medicina. Los disparos fueron efectuados por civiles progubernamentales que habían tomado la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, cerca de donde Lima transitaba.
Los magistrados que ordenaron la libertad de Gutiérrez y el cierre de todo proceso penal se basaron en la ley de amnistía aprobada a inicios de este mes y que benefició a los manifestantes involucrados en las protestas de abril del año pasado.
Los abogados de Gutiérrez habían solicitado una reducción de la condena en marzo pasado. Tras la aprobación de la ley de amnistía, los abogados presentaron con éxito un recurso ante el Tribunal de Apelaciones.
"Quiero que su muerte no haya sido en vano y que los culpables sean castigados", dijo esta semana María José Da Costa, madre de la víctima, en un mensaje que envió desde Brasil a los compañeros de clase de su hija.
"Es una barbaridad, es verdaderamente indignante y grotesco", dijo a la AP la jurista Vilma Núñez, presidenta de la organización no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). "Lo que estamos viviendo es inaudito y repugnante. Aquí ha empezado a funcionar la auto-amnistía del gobierno, para favorecer a los culpables de los crímenes más atroces".
Recordó que Gutiérrez era "el único preso" entre los elementos gubernamentales señalados por crímenes contra civiles durante 2018 en Nicaragua. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se registraron 325 muertos, más de 2.000 heridos y al menos 770 detenidos.
"La impunidad de la ley de amnistía en Nicaragua es inaceptable", dijo Pablo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. "Este es un caso explícito de la contradicción del gobierno, que siempre ha argumentado que el asesinato de la joven brasileña no estaba relacionado con el contexto de las protestas, que es el objeto de la ley".
(Con información de AP)
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