La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de Nicaragua registró un total de 362 personas detenidas en las cárceles del Sistema Penitenciario Nacional por protestar contra Daniel Ortega, que ha dejado cientos de muertos desde abril pasado, según un informe divulgado este miércoles.
De esos 362 privados de libertad, 337 son varones y 25 mujeres, de acuerdo a los datos aportados por la Comisión.
De ese total, 115 (108 hombres y 7 mujeres) han sido condenados por participar en las manifestaciones antigubernamentales, mientras que a otros 247 (229 hombres y 18 mujeres) están a la espera de una sentencia, indicó.
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Los hombres se encuentran recluidos en las instalaciones del Sistema Penitenciario "Jorge Navarro", otros en una prisión de máxima seguridad, y las mujeres en el Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres.
Esa Comisión ha sido criticada por diversos sectores que dudan de su trabajo y su independencia, ya que fue creada exclusivamente por diputados afines a Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
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El Gobierno de Nicaragua reconoce 340 detenidos por su participación en el "fallido intento de golpe de Estado", como el Ejecutivo tilda las protestas callejeras que comenzaron en abril de 2018.
Por su lado, el Comité Pro Liberación de Presos Políticos registra un total de 767 encarcelados.
Desde el pasado 18 de abril Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 767 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.
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Ortega reconoce 199 muertos y 340 detenidos a los que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
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Mientras el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelados por la CIDH, asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad en el marco de la crisis.
Ortega, quien lleva doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de intento de "golpe de Estado" que, asegura, ya ha sido aplacado.
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(Con información de EFE)
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