Rosario Murillo y Daniel Ortega (AFP)
Rosario Murillo y Daniel Ortega (AFP)

La abogada Juanita Jiménez es escéptica. Dice que su país es el escenario de un retroceso brutal de los derechos de las mujeres y de los Derechos Humanos en general, y que en materia de delitos rige la impunidad.

La referente de la organización Movimiento Autónomo de Mujeres y miembro de la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos es una de las mayores especialistas sobre violencia de género, y también una férrea opositora al gobierno de Daniel Ortega, que ha sumido a su país en una profunda crisis social y política desde el mes de abril, con un saldo de víctimas fatales que ronda los 500 muertos por la represión gubernamental.

Jiménez habló con Infobae después de que se conociera que la denuncia de la actriz argentina Thelma Fardín contra Juan Darthés por una violación ocurrida en el año 2009 durante una gira de la tira "Patito Feo" había sido radicada en Nicaragua porque es allí donde ocurrieron los hechos hace casi diez años, cuando ella aún era menor de edad.

De acuerdo con la conferencia de prensa realizada el martes por el Colectivo de Actrices Argentinas, la denuncia fue radicada el pasado 4 de diciembre en la Unidad Especializada de delitos contra la Violencia de género del Ministro Público Nicaragüense, a cargo de la fiscal Odette Leyton. 

La abogada Juanita Jiménez
La abogada Juanita Jiménez

—Leyton fue capacitada para la atención integral en casos de violencia de género y la no revictimización, pero su actuación dependerá de la orientación que reciba porque no posee ningún tipo de independencia del gobierno de Daniel Ortega. En Nicaragua su Unidad Especializada no existe más, debido a que se ha avanzado en un desmantelamiento casi completo del modelo de abordaje integral contra la violencia hacia las mujeres que regía previamente. Sólo quedó ella en el cargo, que sobrevivió a una serie de reformas gubernamentales que arrasaron con todo el resto. En los papeles esa unidad fiscal existe y depende del Ministerio Público, pero ya no recibe los fondos ni posee las herramientas para abordar un caso de este tipo como es debido.

—¿Cómo se trata en la actualidad la violencia de género en Nicaragua?

—Es un tema para nada priorizado y en el que rige la impunidad. Desde que asumió el gobierno en el año 2006, ha habido un retroceso brutal en materia de derechos de las mujeres y Derechos Humanos en general. Una serie de reformas han echado por tierra un modelo integral contra la violencia de género, que estaba orientado a las víctimas y que incluía protocolos de actuación en materia de violencia sexual. Todo esto quedó prácticamente sin ninguna aplicabilidad. Hoy en día tenemos un sistema de justicia que no funciona y que no garantiza derechos para las mujeres.

—¿Qué dice la ley nicaragüense sobre este tipo de casos al respecto de las penas?

Pese a las reformas del gobierno, persisten resabios del la Ley Integral Contra la Violencia de Género -ley 997-, según la cual los delitos sexuales son del orden de los delitos graves, y las penas pueden llegar hasta los 15 o 20 años de prisión. Previamente, estos delitos podían alcanzar penas de 25 años, pero la última modificación del Código Penal impulsada por el gobierno en el año 2008, además de implementar la prohibición absoluta del aborto en todos los casos, disminuyó las penas por delitos de violencia sexual. 

—El episodio denunciado por la actriz Thelma Fardín ocurrió en el año 2009. ¿Cuándo prescribe un delito según la ley nicaragüense?

La prescripción de los delitos de violación depende de las penas. En los casos en los que las víctimas son mayores de edad, las penas rondan entre los 8 y los 12 años, y las causas prescriben pasados los 20. En los casos en los que las víctimas sí son menores, como era la actriz al momento del hecho, las penas son mayores y la prescripción opera solo después de 25 años. Esto es producto del trabajo colectivo que se plasmó en la Ley 779 y que afortunadamente aún está vigente. 

—¿En qué consiste la Ley 779?

-Se trata de una Ley que contaba con un amplio consenso social en el país, porque había sido promovida desde dos vertientes. Por un lado, del movimiento de mujeres, con mucho apoyo social,  y del otro, desde la Corte Suprema de Justicia, que en ese momento también estaba trabajando una serie de iniciativas interesantes. Los proyectos de ambos lados se juntaron y el resultado llenó las expectativas en relación a lo que se venía trabajando  desde el año 2000 sobre este tema. En términos jurídicos, si se la compara  con otras legislaciones del resto de América Latina e incluso de España, cuando nació era considerada de las más avanzadas. Finalmente, la Ley Integral contra la Violencia de Género fue aprobada en el 2012, la primera reforma fue en 2013 y la última, referida al ámbito de aplicación del delito del femicidio -actualmente restringido al ámbito de la pareja- fue en el 2016. Como se ve, ha sufrido un vaciamiento significativo.

—Sin embargo, en sus orígenes fue una ley de avanzada…

Sí. Hasta hace unos años, Nicaragua era un país internacionalmente reconocido por su modelo integral contra la violencia hacia las mujeres, incluso previo a la Ley 779, y por la existencia de unidades especializadas de comisarías para la mujer y la niñez. Eran espacios donde se coordinaban las investigaciones con las responsabilidades institucionales, favoreciendo  el  acceso a la justicia por parte de las víctimas. En 2016, sin ninguna reforma legal mediante, estas comisarías de la mujer desaparecieron, en lo que muchos definen como la última estocada contra el modelo integral.

—¿Cómo impacta la actual crisis social y política que vive Nicaragua en el abordaje de los casos de violencia de género, y puntualmente, según tu opinión, en este caso puntual?

—En este momento el país atraviesa una de las peores crisis de Derechos Humanos de su historia, lo que convierte a este en un caso mucho más complejo. Las víctimas son tratadas dependiendo de las circunstancias o de intereses. Aunque sabemos que la denuncia de Fardín fue presentada y que Odette Leyton está a cargo, es difícil lograr un proceso investigativo imparcial, y garantizar justicia para la víctima. La lucha actual también es por eso: para lograr un cambio de régimen político que permita refundar la institucionalidad y un sistema de justicia que garantice derechos para la ciudadanía y que pueda administrar justicia de manera imparcial.

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