El calvario de los heridos por la represión en Nicaragua para conseguir prótesis y asistencia médica

El primer caso que conoció Irela Iglesias fue el de Roberto, un alumno de la Universidad Nacional Agraria (UNA) que perdió uno de sus ojos durante un ataque policial a esa casa de estudios el 19 de abril, segundo día de protestas en Nicaragua, país que atraviesa una crisis sociopolítica que ha cobrado al menos 264 muertos y se ha prolongado por 89 días.

Desde entonces Irela Iglesias participa activamente en la recolección de fondos para jóvenes que han perdido alguno de sus ojos. Se refiere a ellos como "mis muchachos".

"El Club Rotario se puso a la orden para que la gente donara a sus cuentas, y así se recaudó para nueve prótesis", detalla Iglesias, quien gestiona los fondos y también se encarga de buscar al personal médico y hospitalario que atiende a los afectados.

En la actualidad la ayuda también está siendo destinada a jóvenes heridos en otras partes del cuerpo.

Creó una cuenta en Facebook que se llama "Programa de prótesis ocular y ayuda a otros heridos", desde donde informa cómo ejecutan los fondos recaudados.

Iglesias tiene reportes de 28 personas, en su mayoría jóvenes, que han sido afectados en sus ojos. Algunos fueron atendidos primero en el Centro Oftalmológico Nacional (Cenao), adscrito al Ministerio de Salud. De estos, ocho perdieron la visión de un ojo y han obtenido prótesis gracias a las donaciones.

"Algunos han sido operado tres veces", precisa Iglesias, quien agrega que un médico del hospital privado Vivian Pellas realizó el proceso ambulatorio para colocar las prótesis personalizadas a seis de los afectados sin costo alguno. La mano de obra del especialista que realizó las prótesis también fue donada.

Aunque funcionarios de gobierno se han acercado a los familiares de algunos de los fallecidos durante los actos de represión registrados sobre todo en abril, no hay hasta la fecha un plan de asistencia oficial para estos y para los heridos. Los últimos están calculados en más de 1.400.

El profesor Álvaro Gómez, cuyo hijo murió en Masaya el 20 de abril, recibió la visita de un concejal del Frente Sandinista en su casa, ubicada en su natal Masaya, quien le dijo que llegaba ahí para ofrecerle ayuda de parte del partido. Cuenta Gómez que lo atendió, pero que se negó a recibir la ayuda debido a que su hijo murió tras ser baleado por agentes policiales que reprimían las protestas.

Algo parecido ocurrió con los padres de otro joven que fue asesinado en Managua ese mismo día. La ministra de Salud, Sonia Castro, mostró a través de terceros su interés en visitarlos. Les ofreció ayuda médica, pero finalmente decidieron no aceptarla. A otros familiares, por medio de las alcaldías, les han ofrecido colaborar entregándoles féretros.

No se conoce hasta la fecha ninguna organización que agrupe a familiares de los asesinados y a los heridos que demande atención al Estado. De momento solo existe Madres de Abril, una plataforma en la que están agrupadas las mamás de los jóvenes asesinados con el fin de demandar justicia sin impunidad. A esta agrupación se han unido abogados que voluntariamente las acompañan.

Hay, sin embargo, iniciativas como la de Iglesias y otras promovidas por particulares e instituciones para asistir a las familias y a los sobrevivientes.

FONDO PARA VÍCTIMAS

La Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Funides), un tanque de pensamiento ligado a la empresa privada, creó un Fondo de Asistencia a las Víctimas que está siendo administrado bajo la figura del fideicomiso y tiene como principal propósito contribuir con las víctimas de la violencia, sobre todo las personas de escasos recursos.

El Fondo trabaja tres ejes, hospitalización y procedimientos; insumos médicos y gastos fúnebres. "Tenemos convenios con hospitales privados desde donde nos remiten los casos más agudos y críticos con el propósito de salvarles la vida y disminuir lo más que se pueda las secuelas físicas", explicó Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Funides.
Asimismo pagan insumos médicos de procedimientos ambulatorios, especialmente de aquellos casos en los que la vida está en riesgo.

"Tenemos varias formas de remisión de casos, en los tres principales hospitales privados los pacientes pueden llenar un formulario de solicitud de apoyo, luego el hospital se encarga de remitirnoslo directamente. Defensores de derechos humanos nos han remitido (casos) y los familiares de las víctimas nos contactan directamente", precisó Chamorro.
Actualmente se han invertido más de USD 107.000 y beneficiado a 203 personas. El fondo funciona con donaciones de particulares y de empresas.

LO QUE DICE LA CIDH

De acuerdo con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) titulado "Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua", dado a conocer en la OEA el pasado 22 de junio, el Estado de Nicaragua contaba con el registro de 1.337 personas heridas hasta el 5 de junio de 2018. En su gran mayoría, las heridas fueron a causa de balas.

"Ante la gravedad de las lesiones y estado de salud de las personas heridas, durante su visita la CIDH pudo corroborar información sobre prácticas reiteradas de falta de atención médica, demora injustificada o atención inadecuada a pacientes, como forma de represalia por las manifestaciones contra el gobierno", especifica el informe de la CIDH.

El documento agrega que según el Estado, el Ministerio de Salud presentó evidencia a la CIDH, que indica que hay pacientes que fueron y están siendo atendidos en las diferentes unidades de salud y en seguimiento en la consulta externa de los hospitales públicos.