
Un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se instaló hoy en Nicaragua para participar en el reinicio del diálogo nacional este lunes, con el objetivo de superar una crisis sociopolítica que deja ya al menos 218 muertos.
El equipo está integrado por el colombiano Álvaro Botero, la peruana Fiorella Melzi, y otros dos expertos en derechos humanos que se sumaran en las próximas horas.
El grupo forma parte del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, que dará seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y medidas cautelares emitidas por la CIDH.
El diálogo tiene como actores a representantes del presidente Daniel Ortega y de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, integrada por empresarios, sociedad civil, estudiantes y campesinos.

La presencia de la CIDH, así como de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) y de la Unión Europea, fue un requisito establecido por la Alianza y aprobado por la Conferencia Episcopal, para reiniciar el diálogo, suspendido el pasado lunes por falta del cumplimiento de los acuerdos por parte de Ortega.
Representantes de ACNUDH deben llegar el martes para sumarse a los trabajos de la mesa de diálogo, según el organismo.
La Alianza Cívica espera que la presencia de los organismos garantice el cese de la represión de las "fuerzas combinadas" del Gobierno, compuestas por policías, fuerzas antimotines, parapolicías, paramilitares y grupos oficialistas, según las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
La CIDH cifró en un informe presentado el viernes ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 212 los muertos durante la crisis, a los que se suman otras 6 confirmadas el sábado por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), entre ellas un bebé de poco más de un año alcanzado por una bala en la cabeza.
El Movimiento Mundial por la Infancia Capítulo Nicaragua condenó el "uso de la fuerza letal" del Gobierno contra menores de edad y estableció en 17 el número de muertes infantiles a causa de la represión, incluyendo la del bebé el sábado, que conmovió a los nicaragüenses.

A pesar de las "fuerzas combinadas", cientos de personas se manifestaron en los municipios de El Jícaro (norte), Somotillo y Villanueva (noroeste) y salieron a las calles portando banderas de Nicaragua, con carteles y consignas en repudio de Ortega.
"¡Pueblo, únete!", "No quitemos los tranques (bloqueos de vías)" o "¡Que se rinda tu madre!" fueron algunos de los mensajes que lanzaron los pobladores al Gobierno nicaragüense.
La Iglesia católica anunció que este año no llevará a cabo en la catedral metropolitana de Managua la "bajada" de la imagen de la "Sangre de Cristo", uno de los mayores tesoros del templo, que cumplirá el 30 de junio 380 años de su llegada a Nicaragua, procedente de Guatemala.
El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes afirmó que el papa Francisco "está preocupado"y pregunta "constantemente" por la situación de Nicaragua.
La opinión del papa es relevante en el país, donde el 58,5 % de la población es católica, y toma relevancia en medio de la crisis, ya que los sacerdotes y obispos locales han caminado literalmente entre las balas para impedir masacres que, según organismos humanitarios, son ejecutadas por las "fuerzas combinadas" contra la población desarmada.
Desde el 18 de abril pasado, Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años consecutivos en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
Con información de EFE
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