En medio de una turbulencia política, tras darse a conocer varios audios que desnudan un esquema de corrupción a gran escala dentro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), la unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, anunció la apertura de un proceso penal por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias en contra del Fiscal General del Estado, Francisco Javier Díaz Verón, hombre del presidente de la República, Horacio Cartes.
El mismo día en que quedó al descubierto la pérdida de poder del presidente de la República, Horacio Cartes, en el Parlamento Nacional, tras el rechazo en ambas Cámaras (Diputados y Senadores) al veto parcial que el Poder Ejecutivo dio al Presupuesto General de la Nación (PGN) 2018, uno de sus principales hombres, el Fiscal General del Estado, Francisco Javier Díaz Verón, es procesado por presunto enriquecimiento ilegal y tráfico de influencias.
La denuncia en contra del Fiscal ya había sido presentada formalmente en octubre de 2017 por la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy) encabezada por la abogada Kattya González, luego de que el diario ABC de Asunción revelara el tremendo salto económico y el buen pasar que Díaz Verón y su señora María Selva Morínigo (también funcionaria pública) tuvieron a poco más de 4 años de haber llegado al cargo de Fiscal General.
De acuerdo a las denuncias, de andar en transporte público y con una vida ajustada, hoy el matrimonio ostenta vehículos de alta gama, posee una estancia de 8.000 hectáreas en el Chaco (Región Oriental) valuada en casi 3.000.000 de dólares, a la cual se gestiona ante el Indert (institución agraria del Estado) anexar otras 1.000 hectáreas y varias miles de cabezas de ganado, incluyendo animales de pedigree por un valor aproximado a los 200.000 dólares.
La empresa Salty River también forma parte del patriomonio que del matrimonio Díaz – Morínigo que logró amasar una gran fortuna en muy poco tiempo.
Según la denuncia del matutino guaraní, en el 2009 se constituyó la empresa familiar Lagunitas S.A. con un capital de casi 1.000.000 de dólares, siendo ésta la propietaria del establecimiento ganadero. Figura como presidenta de Lagunitas S.A. la suegra del Fiscal, María Selva Apolonia Vargas, sin antencedentes laborales y con prontuario policial por abigeo y emisión de cheques sin fondo. Como vicepresidente de la sociedad aparece el cuñado, Zenon Morínigo con un tendal de demandas e inhibiciones por deudas que casualmente no prosperan ante la justicia.
Para el fiscal adjunto de Delitos Económicos, Federico Espinoza, existen indicios de delitos penales que deben ser investigados en el caso del Fiscal General.
Trafico de influencias
Por si fuera poco el enriquecimiento, al fiscal Díaz Verón y su esposa se les adjudica igualmente el delito de tráfico de influencias para ubicar a cargos públicos a parientes, amigos, vecinos, compañeros de los hijos y hasta ex-personal de servicio como las hermanas Lorenza Matorra Palma, Liliana Matorra Palma y Celina Matorra Palma, todas exdomésticas de la familia nombradas sin concurso en el Ministerio Público.
La familia Díaz – Morínigo posee igualmente una estación de radio "Yerutí FM" en la localidad de Caazapá cuyas principales figuras Gustavo López y Adelaida Ozuna, figuran también en la planilla de cargos de la Fiscalía con un trato preferencial en cuanto al horario de trabajo.
Audios reveladores
A pesar de la gravedad de la denuncia en contra del Fiscal General, la misma estuvo guardada en un cajón de escritorio durante dos meses hasta que saltó a la luz pública, en uno de los tantos audios de conversaciones políticas que sacuden al país, la trama en que fue incluido nuevamente a Francisco Javier Díaz Verón dentro de la terna para ser reelecto Fiscal General del Estado.
En dicho audio, se escucha en conversación telefónica al secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Raúl Fernández Lippmann decir a una fiscala que la terna para el nuevo titular del Ministerio Público fue electo por el presidente de la República, Horacio Cartes, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Luis María Benítez Riera, en clara violación a la Constitución Nacional (Art. 269) que establece al JEM como único órgano que puede elegir a los candidatos tras un concurso de aptitudes.
Con la revelación de este audio se complica igualmente la elección de la fiscala Sandra Quiñonez (otra de las ternadas) que era la más firme candidata pero que todavía requería de la aprobación del Congreso Nacional.
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