
Un ejército. El asalto del lunes a la madrugada en la sede de Prosegur en Ciudad del Este, Paraguay, fue perpetrado por decenas de combatientes (versiones hablan de entre 30 y 50) altamente entrenados, armados con fusiles de guerra, granadas y explosivos. Volaron la fachada del edificio, entraron y se llevaron seis millones de dólares. Para evitar la acción de la Policía, incendiaron vehículos repletos de municiones en los accesos a la Jefatura.

A las 3:30 los delincuentes se fueron en cinco camionetas y emprendieron la huida, dividiéndose en tres grupos para despistar a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, poco después de que arribaran en lanchas a Itaipulandia, Brasil, algunos de los criminales fueron interceptados por la policía, que mató a tres de ellos, detuvo a cuatro y recuperó una parte del botín. El resto de la banda continúa prófugo.
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La pregunta que todos se hacían era qué organización podía tener la envergadura para montar un operativo semejante. El interrogante empezó a develarse en las últimas horas: todo apunta al Primeiro Comando da Capital (Primer Comando de la Capital, PCC), la mayor organización criminal brasileña.

El PCC nació a principios de los 90 en el Centro de Rehabilitación Penitenciaria de Taubaté, una cárcel del estado de San Pablo en la que eran alojados criminales de alta peligrosidad. En gran medida fue una respuesta a la Masacre de Carandiru, en la que la Policía Militar paulista puso fin a un motín matando a 111 reclusos, el 2 de octubre de 1992. Muchos delincuentes juntos, un contexto de violencia extrema y una profunda sed de venganza contra las autoridades, fueron el combo perfecto para la creación de una organización que se puso como objetivo controlar las cárceles del estado.
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En un primer momento, el PCC, también llamado 15.3.3 por el orden de las letras en el alfabeto, se limitaba a organizar motines para reclamar mejoras en las condiciones de detención. Luego empezó a ejecutar atentados contra edificios públicos, como otra herramienta de presión. Entrados ya los años 2000 su ambición pasó a ser tener el control del crimen organizado, especialmente del narcotráfico.

Hoy se calcula que tiene presencia en el 90% de las cárceles de San Pablo, en 22 de los 27 estados brasileños, y en las regiones fronterizas de Paraguay, Bolivia, Argentina y Colombia. Algunos investigadores estiman que su facturación asciende a 40 millones de dólares al año. Además de la venta de cocaína y marihuana, también se financia a través del robo de bancos.
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En 2001 se conoció el estatuto de la organización. Los miembros deben pagar una cuota mensual de 16 dólares si están presos, y de 320 dólares si están libres. Para ingresar es necesario ser propuesto por otro integrante y contar con tres padrinos para el bautismo. El castigo por no colaborar con la organización o con alguno de los "hermanos" (así se llaman entre ellos) es "la muerte sin perdón".
Una fiesta de cocaína para celebrar el aniversario del PCC en la Penitenciaría de Mujeres de Santa'Ana
Durante todos estos años ha tenido distintos jefes, que no siempre son personajes visibles e identificados. Uno de los últimos fue Marcos Willians Herbas Camacho, alias Marcola, que fue condenado a 44 años de prisión por asaltar distintos bancos. De todos modos, se cree que ya no forma parte de la cúpula.
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Hasta hace poco, el PCC era aliado de la otra gran banda criminal brasileña, el Comando Vermelho (rojo en portugués), creado en 1979 en Río de Janeiro. Tenían un mutuo entendimiento de no meterse en los negocios del otro. Sin embargo, esto empezó a cambiar el año pasado. La señal más clara de la ruptura ocurrió en octubre, cuando integrantes del PCC en la prisión de Roraima invadieron los sectores destinados a los presos del Comando Vermelho (CV) y mataron a 10 integrantes. Siete fueron carbonizados y tres decapitados. Así comenzó la guerra.

La venganza del CV llegó en Año Nuevo. Un motín en el Complejo Penitenciario Anísio Jobim, de Manaos, Amazonas, se extendió durante 17 horas entre el domingo 1 y el lunes 2 y dejó un saldo de 56 muertos, casi todos miembros del PCC. Muchos fueron decapitados, mutilados y quemados, en un show macabro que fue filmado y difundido por los propios reclusos. La banda paulista respondió cuatro días después, asesinando a 33 internos en una cárcel del estado de Roraima, en el norte del país.
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Una de las imágenes más impactantes de esta guerra brutal se difundió a fines de enero, en la cárcel de Alcaçuz, estado de Rio Grande do Norte. En represalia por el asesinato de 26 miembros de la facción Sindicato do Crime de Rio Grande do Norte (SDC), ordenada por el PCC, se desató un motín que duró 11 días. En el medio se conoció el video de un grupo de reos de una facción rival al PCC delante de una fogata en la que asaban restos humanos. "Churrasco do PCC", gritaban desaforados.
El brutal video de reclusos de la cárcel de Alcaçuz asando a miembros del PCC
"PCC y CV adoptaron, en los últimos años, una estrategia de nacionalización para controlar las rutas del tráfico internacional de drogas y armas. El CV eligió hacer alianzas de tipo 'franquicia', que suponen una asociación, pero sin subordinación. El PCC tiene una estrategia diferente, de control territorial y bautismo, que incluye la imposición de acciones y una jerarquía. Tras años de sociedad entre PCC y CV, estas facciones han roto relaciones y ahora los efectos se están viendo en todo el país", explicó en una entrevista reciente con Infobae Renato Sérgio de Lima, director y presidente del Foro Brasileño de Seguridad Pública.
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En el marco de esta escalada de la violencia, se conoció que el PCC estaba reclutando miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para extender sus redes de narcotráfico por Latinoamérica. Según Lincoln Gakiya, un fiscal que ha estado investigando por diez años al grupo, "el PCC está obsesionado con conseguir entrenamiento militar". El ataque en Ciudad del Este parece indicar que obtuvo lo que estaba buscando.
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