"Estoy en puesto 2 de migración, no me dejan salir a cumplir mi función parlamentaria porque aducen que mi pasaporte está anulado", señaló el parlamentario a través de Twitter.
Dávila, quien también es presidente de la Comisión Internacional de Parlamento del Mercosur, indicó en una serie de mensajes que en la salida de migración del aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, le informaron que su pasaporte "tiene un error" y que está anulado "por orden superior". "El mismo cuento y no me dejan pasar", dijo.
El parlamentario no especificó hacia dónde se dirigía, pero aseguró que impedir su salida del país es "una violación más de la Constitución", ya que, a su juicio, "no quieren que se denuncie ante el mundo la violación de los derechos humanos en Venezuela".
Su caso se suma al de Luis Florido, presidente de ese comité, a quien el pasado 27 de enero también le cancelaron el documento de viaje cuando regresaba de República Dominicana, donde asistió a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
Al igual que a Florido, los agentes le notificaron a Dávila que sobre su pasaporte había una denuncia de pérdida. Ambos negaron haber reportado un extravío.
"Es el colmo del malandraje (delincuencia)", afirmó Dávila, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Parlasur, quien planeaba reunirse en Washington con senadores estadounidenses y funcionarios de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Florido denunció este martes que no solo su pasaporte fue anulado, sino que tiene una "prohibición específica de salida del país".
Durante una comparecencia ante la Fiscalía, pidió sancionar a los funcionarios que violaron su inmunidad parlamentaria, al impedirle viajar el lunes a Lima con su cédula venezolana.
En tanto, Dávila sostuvo que estos hechos suponen una "retaliación y una persecución" del Gobierno por las denuncias internacionales sobre el deterioro socio-económico y las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Maduro acusa a la oposición legislativa de llevar a cabo en el exterior una campaña de desprestigio contra el Gobierno y de alentar un boicot financiero para que el país —sumido en una grave crisis económica— no pueda acceder a financiamiento internacional.
El Gobierno y la Asamblea Nacional están trenzados en una lucha de poderes desde hace 13 meses, cuando la oposición asumió el control parlamentario poniendo fin a 17 años de hegemonía chavista.
Con información de EFE y AFP
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