
El diario peruano El Comercio publicó una investigación en la que detalla las nuevas rutas de la minería. Según detalla el artículo de Francesca García Delgado, los esfuerzos del Gobierno contra la minería ilegal no han logrado acabar con el tráfico de oro que proviene en mayor medida de la Amazonia, y en cambio esta actividad ha encontrado nuevas rutas para mantenerse.
"El oro estaría saliendo en mayor medida hacia Bolivia y Chile, para ser luego exportado a Estados Unidos y Suiza", explica Lenin Valencia, investigador de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
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Valencia detalla que el registro de tráfico hacia Bolivia data del 2014. Los controles implementados luego por las autoridades para reducir el comercio ilícito en esta frontera (que se calculaba en 100 kilos de oro semanalmente) generaron que la nueva ruta de tráfico de oro ilegal peruano llegue a Chile. Según Valencia, la explicación de que el tráfico prospere pese a los estrictos controles es el alto nivel de corrupción que han alcanzado.
Consultado por el periódico, el coronel César Sierra afirmó que el 50% de la actividad de minería ilegal en el Perú está en Madre de Dios, Cusco y Puno. Uno de los mayores enclaves de esta actividad está ubicado en el centro de La Rinconada (Puno). Este es el punto de partida de las rutas más transitadas, que llegan a Brasil por Iñapari, a Bolivia por Perlas de Oro y Desaguadero, y a Chile vía Tacna.
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El martes pasado, fue arrestado el empresario Pedro Pérez Miranda, apodado "Peter Ferrari", señalado como uno de los mayores comercializadores de oro ilegal
"La captura de 'Peter Ferrari' es un golpe para las grandes organizaciones de tráfico de oro, incluyendo a los productores, quienes también venden legalmente a ciertos sectores", sostuvo Sierra.
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"Ferrari", conocido así por su afición a los automóviles de lujo, fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) en un operativo donde fueron allanadas once propiedades vinculadas con él, y en el que se incautaron cinco vehículos y armas de fuego.
Según la imputación fiscal, Pérez Miranda es supuestamente el dueño de diversas empresas de fachada dedicadas a lavar dinero generado por la minería ilegal, dirigidas por testaferros que son sus propios familiares y allegados suyos, entre otros.
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