Una diputada presentó una solicitud a la CIDH en busca de justicia para los presos políticos de Bolivia

Una diputada boliviana de oposición solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de la ex presidenta Jeanine Añez; el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; y el ex líder cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, quienes están encarcelados por acusaciones vinculadas a la crisis política de 2019.

La diputada de Comunidad Ciudadana Luisa Nayar manifestó en conferencia de prensa que se decidió hacer la solicitud a la CIDH tras haber agotado todas las instancias internas. En su solicitud, la legisladora pide que se declare que el Estado boliviano violó las garantías establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos “particularmente en lo que respecta a la integridad personal, la libertad, la legalidad y el debido proceso”.

En segundo lugar se solicita que dicten medidas de protección disponiendo la liberación de los detenidos y se adopten de medidas para garantizar el respeto de los derechos humanos, el principio del juez natural, el debido proceso y la transparencia.

El pasado 3 de octubre, Nayar presentó una acción de libertad en Bolivia en favor de Áñez, Camacho y Pumari, con la intención de sentar un precedente legal que permita llevar el caso a instancias internacionales. “No nos vamos a cansar de exigir en todas las instancias que sean necesarias la liberación de los presos políticos que tenemos en el país”, sostuvo la diputada.

La ex mandataria y los dos cívicos a los que hace referencia Nayar enfrentan causas relacionadas a los sucesos post electorales que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019, en medio de acusaciones de fraude electoral y manifestaciones sociales que cobraron fuerza con un motín policial y con la sugerencia de la cúpula militar para que el jefe de Estado renuncie al cargo.

Camacho comandaba las protestas en Santa Cruz y Pumari en Potosí, que luego se extendieron por todo el país. Tras la renuncia de Morales, la entonces segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Añez, asumió la presidencia del Senado y luego de la del Estado en sesiones que no cumplieron con los procedimientos legales establecidos. Los tres fueron inicialmente acusados por los delitos de terrorismo, seducción de tropas y conspiración.

La ex presidenta fue detenida en marzo de 2021 y está recluida desde entonces en una cárcel de La Paz donde también cumple una sentencia de diez años por otro caso. Meses después, en diciembre de 2021, Pumari fue detenido y está encarcelado en el penal de Cantumarca en el departamento de b. Finalmente, Luis Fernando Camacho fue detenido por la Policía en diciembre de 2022 y cumple detención preventiva en el penal de Chonchocoro, en El Alto.

En septiembre, el ex ministro de Justicia, Iván Lima, reveló que uno de los juicios que enfrenta Añez se llevó por la vía ordinaria, y no a través de un juicio de responsabilidades, “por capricho” de Evo Morales, lo que avivó los reclamos sobre la situación jurídica de la ex presidenta.

Varios actores políticos pidieron en ese momento que fuera liberada de los cargos que enfrenta, entre ellos el ex mandatario Carlos Mesa que escribió: “La confesión de Iván Lima evidencia que los procesos que le siguen a la expresidenta Jeanine Añez son producto de un complot, carecen de fundamento y son simple persecución política”.

Según la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia de Bolivia, citada por el periódico El Deber, en el Gobierno de Luis Arce se registran más de 300 casos de persecución judicial por motivos políticos y cuentan con documentación detallada de la existencia de 172 presos políticos.