La investigación del programa periodístico reveló antecedentes de varios parlamentarios entre los que se cuentan diputados y senadores, que no tienen sus propiedades regularizadas, declaradas legalmente, permitiéndoles no pagar millones de pesos en impuestos.
Los primeros datos conocidos se divulgaron en febrero de este año, a través del Centro de Investigación Periodística CIPER, que publicó un extenso reporte denunciando al ex Presidente de Chile, Ricardo Lagos Escobar que sumaba, a esa fecha, 29 años sin pagar contribuciones por su casa de descanso que tiene en la localidad de Caleu, en la comuna de Til Til, ubicada a 51 kilómetros de Santiago. Se trata de un lugar de descanso, con terrenos campestres y cercano a una laguna. En la investigación, se reveló que, respecto de este terreno propiedad del ex Primer Mandatario, tampoco se ha tramitado la recepción final de las obras de la edificación principal, asimismo las cabañas del recinto. Por su parte, su hijo, el Senador Ricardo Lagos Weber, suma 16 años sin pagar impuestos por su propiedad. Ambos, aludidos por el reportaje, reconocieron la falta.
En cuanto a los nuevos antecedentes que fueron conocidos, se mencionan los casos de un total de 14 parlamentarios, entre ellos los diputados: Pablo Prieto; Jorge Durán; Leonidas Romero y Alejandro Santana del partido oficialista Renovación Nacional (RN); Natalia Castillo del partido de oposición Revolución democrática (RD); Issa Kort, de la oficialista Unión Demócrata Independiente UDI; y Alexis Sepúlveda del Partido Radical. En el Senado, por su parte, se menciona el análisis a los casos de Alejandro García-Huidobro (UDI); Isabel Allende y Juan Pablo Letelier del Partido Socialista (PS); José García Ruminot, Juan Castro y Manuel José Ossandón (RN) y la actual presidenta del Senado, Adriana Muñoz, del Partido por la Democracia (PPD).
En general son casas patronales, de gran cantidad de metros, piletas y predios amplios, que aparecen en el Servicio de Impuestos Internos registradas como viviendas reducidas que no representan la realidad de los terrenos.
Por su parte, el SII se pronunció respecto a la denuncia, y sin precisar en los parlamentarios, llamó a todos los contribuyentes a actualizar la información de sus bienes raíces para cumplir con las disposiciones legales y mantener el día el pago de las contribuciones. “La investigación periodística revela una realidad de la cual debemos hacernos cargo como sociedad, y nosotros, como institución, estamos permanentemente reforzando las acciones necesarias para mejorar la actualización del catastro y cobrar lo que corresponde. Las autoridades y representantes públicos tenemos una obligación aún mayor de cumplir con la ley y entregar información fidedigna. Ello, no solo porque el cumplimiento de las normas es especialmente exigible a las autoridades, por la función pública que desempeñamos, sino además porque con nuestra conducta damos un ejemplo a la ciudadanía, y por la profunda importancia que el cumplimiento de las normas tiene para el bien común”, destacó la subdirectora de Avaluaciones, María Alicia Muñoz.
La denuncia establece puntos que más allá de lo técnico, revela vicios sobre la tributación que los congresistas chilenos debieran pagar, al mantener información errónea comprobada ante las respectivas direcciones de obra municipal, dependiendo de donde se encuentran sus viviendas. Por ejemplo, un terreno que ante el Servicio aparece como de uso agrícola, por el cual no paga impuestos, en la realidad tiene una construcción de una cantidad de metros cuadrados que no aparece en los registros, con avalúos muy inferiores de los fiscalizados por la investigación.
A juicio del economista y director de Espacio Público, Eduardo Engel, el país está en una disposición distinta ante este tipo de denuncias. “Chile cambió, para bien a mi juicio, y las autoridades tienen una doble obligación: cumplir con la Ley y ser un ejemplo para los ciudadanos”, señaló.
Por la denuncia hecha, el SII anunció que desarrollará un monitoreo focalizado para regularizar la situación, explicando a su vez que la ley los faculta para tasar y cobrar diferencias en propiedades con una retroactividad de hasta 3 años, razón por la cual podría esperarse que los denunciados parlamentarios deberían pagar los impuestos no pagados por la no declaración de sus propiedades.
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