El dictador Nicolás Maduro utiliza la presión militar de Estados Unidos para reprimir la disidencia en Venezuela

Mientras las fuerzas estadounidenses se concentran frente a Venezuela, lanzan ataques contra presuntos narcotraficantes y confiscan petroleros, las autoridades locales están movilizando al ejército, solicitando el apoyo de sus aliados y apelando a las Naciones Unidas.

También están aprovechando las amenazas de Estados Unidos para reprimir la disidencia interna, según observadores locales e internacionales.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro “ha utilizado la presión estadounidense como excusa para desplegar al ejército, tildar de ‘traidores’ a sus críticos y arrestar a decenas de disidentes”, declaró Martina Rapido Ragozzino, investigadora de Human Rights Watch para los Andes del Norte. La organización de derechos humanos con sede en Nueva York afirmó en septiembre haber documentado 19 casos de presos en régimen de incomunicación.

El político opositor Alfredo Díaz, ex gobernador del estado de Nueva Esparta, falleció este mes en El Helicoide, sede del servicio de inteligencia SEBIN en Caracas, un año después de ser arrestado mientras intentaba huir del país. Su familia afirma que se le negó la atención médica necesaria.

El martes, la Asamblea Nacional aprobó una ley que impone hasta 20 años de prisión a quien “promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, apoye, financie o participe” en la campaña estadounidense para confiscar buques que transportan petróleo venezolano, según declaró Giuseppe Alessandrello, patrocinador de la iniciativa.

“La represión del espacio cívico se ha intensificado, sofocando las libertades de las personas”, declaró este mes Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. “Periodistas, defensores de los derechos humanos, figuras de la oposición e incluso trabajadores humanitarios siguen enfrentándose a amenazas, acoso y riesgo de detención arbitraria, simplemente por realizar su trabajo”. (Human Rights Watch y Türk también han criticado los ataques militares estadounidenses contra presuntos narcotraficantes en las costas de Centroamérica y Sudamérica. Human Rights Watch los ha calificado de ejecuciones extrajudiciales ilegales; Türk ha afirmado que violan el derecho internacional de los derechos humanos).

Estos acontecimientos no son sorprendentes, afirmó David Smilde, sociólogo de la Universidad de Tulane. “Cuando existe una amenaza tan real de una operación militar, por supuesto que se usará como excusa”.

La represión ha intensificado la campaña lanzada por Maduro el año pasado. El socialista autoritario se proclamó vencedor en las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024 a pesar de que las auditorías electorales realizadas por The Washington Post y otros observadores independientes mostraron que perdió la votación frente al candidato opositor Edmundo González por un margen de 2 a 1. Cuando los venezolanos salieron a las calles a protestar, las autoridades arrestaron a miles. El observatorio penitenciario independiente Foro Penal declaró este mes que el gobierno tenía detenidos a 905 presos políticos.

Estados Unidos ha considerado ilegítimo a Maduro desde las elecciones presidenciales de Venezuela de 2018, que también fueron ampliamente consideradas fraudulentas. El gobierno de Trump ha acusado a su gobierno de traficar drogas a Estados Unidos. Maduro y varios altos funcionarios venezolanos han sido imputados en un tribunal federal estadounidense por cargos de narcoterrorismo; los Departamentos de Justicia y de Estado aumentaron este año la recompensa por información que conduzca a su arresto o condena a 50 millones de dólares.

El gobierno comenzó a desplegar buques de guerra en el Caribe en agosto. Desde principios de septiembre, las fuerzas estadounidenses han lanzado ataques contra al menos 29 embarcaciones en aguas de Sudamérica y Centroamérica, causando la muerte de al menos 105 personas. La Guardia Costera ha incautado dos petroleros este mes e intentó capturar un tercero.

El gobierno afirma estar combatiendo el narcotráfico. Sin embargo, el presidente Donald Trump ha reiterado que Maduro tiene los días contados; esta semana declaró a la prensa que sería inteligente dimitir.

El gobierno venezolano ha intentado responder mediante la diplomacia, evitando una confrontación militar. Maduro ha descrito las incautaciones de petroleros como actos de piratería destinados a robar los recursos naturales de Venezuela. El lunes, envió un llamamiento formal a los 193 Estados miembros de la ONU, advirtiendo de una escalada de agresión extremadamente grave por parte de Estados Unidos.

“Venezuela no ha cometido ningún acto que justifique esta intimidación militar”, escribió Maduro. Describió la estrategia estadounidense como “el uso letal de la fuerza al margen de cualquier marco legal internacional”.

En una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU el martes, solicitada por Venezuela, Samuel Moncada, representante del país, acusó a Estados Unidos de “la mayor extorsión conocida en nuestra historia”.

El representante estadounidense Mike Waltz respondió que Maduro era “un fugitivo de la justicia estadounidense y líder de la Organización Terrorista Extranjera Cártel de Los Soles”.

El miércoles, Johany Méndez, de 35 años, se encontraba al frente de una prisión en el estado de Lara con una pequeña bolsa de alimentos y productos de higiene para su sobrino. Durante el viaje de una hora, rezó: “Solo le pido a Dios que escuche nuestro clamor y recupere a mi hijo”.

Gabriel José Rodríguez tenía 16 años en enero cuando fue arrestado en un hospital de Lara. Había acudido a recibir tratamiento con fiebre. Fue el día antes de la toma de posesión de Maduro, según contó su tía, y se lo llevaron “porque dijeron que parecía un alborotador”.

Durante el último año, celebró su 17.º cumpleaños y completó la secundaria en prisión. También fue acusado de terrorismo, declarado culpable y, este mes, condenado a 10 años de prisión. Es uno de los al menos cinco adolescentes encarcelados por el gobierno.

“Su padre está destrozado, como todos”, dijo su tía. “Le encanta la Navidad; en ese sentido, sigue siendo un niño. Ahora, sin él, se siente vacío”.

Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, habló sobre la muerte de Díaz este mes en Oslo, donde la líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025.

“Alfredo Díaz, líder opositor y ex alcalde, fue sacado de un autobús en noviembre pasado y arrojado a las profundidades de El Helicoide, la cámara de tortura más grande de Latinoamérica”, dijo Frydnes. “Un preso político más, en una larga lista de otros. Esta semana llegó la noticia de su muerte. Otra vida perdida. Otra víctima del régimen”.

En el último año, el gobierno ha encarcelado no solo a líderes políticos y activistas, sino también a ciudadanos comunes. Marggie Orozco, una médica de 65 años, compartió un mensaje de WhatsApp quejándose de la crisis política de Venezuela. Fue arrestada, acusada y condenada por traición, instigación al odio y conspiración. En noviembre, fue sentenciada a 30 años de prisión.

También en noviembre, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó que un grupo de hombres, algunos uniformados de las fuerzas de seguridad, otros no, irrumpieron violentamente en una vivienda de Caracas y arrestaron a Samanta Sofía Hernández Castillo, de 16 años. Cuarenta y ocho horas después, su familia se enteró del arresto de su hermana, Aranza Hernández Castillo, de 19 años, en Maracaibo, según declaró su madre, Ambar Castillo, a CNN. Sofía y Aranza son hermanas del exteniente del Ejército venezolano Cristian Hernández, acusado de traición y residente en el exilio.

El martes, frente a El Helicoide, la pequeña familia de un preso se vistió de blanco para la visita. “Esto es lo más parecido al infierno que tengo”, dijo la esposa del preso. Habló bajo condición de anonimato por temor, dijo, a represalias como la cancelación de sus derechos de visita o su propio arresto.

La mujer y sus dos hijos pequeños trajeron un par de regalos, examinados primero por los guardias, y hallacas (pasteles de masa de maíz rellenos de carne y otros ingredientes, envueltos en hojas de plátano), un plato navideño tradicional. “Le dimos un poco de nuestros sabores caseros”, dijo. “Mis hijos le regalaron un cascanueces para protegerlo del mal que lleva dentro”.

Su hijo de 8 años solo le ha pedido a Papá Noel este año un regalo: la liberación de su padre.

“Cree que despertará y encontrará a su papá”, dijo la mujer.

Lee los mismos libros que su esposo para conectar con él, y la familia planeaba cenar y desayunar lo mismo que él. Pero no sabía si los guardias le permitirían quedarse con la comida o si le permitirían más visitas. En agosto, Human Rights Watch informó que El Helicoide limitó las entregas familiares a los viernes, “eliminando las entregas diarias de alimentos y múltiples entregas semanales”.

“En otros casos”, afirmó la organización de derechos humanos, “las autoridades penitenciarias permitieron las visitas durante un tiempo y luego las negaron arbitrariamente durante semanas o meses”.

“Sinceramente”, dijo la esposa del preso, “a veces veo a la Señora Justicia con los ojos tapados y pienso: si hubiera una manera de destaparlos y ayudarla a ver”.

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