Venezuela: reubicación de alumnos tras terremotos genera hacinamiento y presión sobre los servicios

El Programa de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) advierte que “la reubicación de 86 mil estudiantes en Venezuela tras el doble terremoto implica hacinamiento, doble turno y presión sobre servicios de agua, electricidad e internet en escuelas que ya arrastraban fallas crónicas”.

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, declaró que tras los dos sismos que sacudieron la región centro-norte del país el miércoles 24 de junio, tuvieron que ejecutar un proceso de “rezonificación”, que básicamente consiste en trasladar a unos 86 mil 31 alumnos desde sus instituciones originales a otras que se encuentren en mejor estado para que continúen con sus estudios en el nuevo curso que comenzó esta semana.

“Esto genera algunos cambios: en vez de estudiar en mi comunidad, puede ser que tenga que estudiar en la de al lado; o si estudiaba en la mañana, tenga que estudiar en la tarde, porque para mover esa matrícula a otra escuela que esté llena, se implementa el doble turno”, explicó Rodríguez.

Provea subraya que “rezonificar no es solo una palabra, su aplicación es una acción compleja que entraña severos riesgos pedagógicos y logísticos”. Recuerdan que según HUM Venezuela -plataforma de organizaciones de la sociedad civil- “para 2025, el 65% de los planteles presentaba fallas físicas y el 75% carecía de agua constante”.

Partiendo del análisis del profesor Tulio Ramírez, director del Doctorado en Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, observan que “las escuelas receptoras, diseñadas para un aforo determinado, enfrentan un hacinamiento que fuerza el uso del doble turno”.

“Gran parte de los alumnos y docentes reubicados no residen en el entorno inmediato de las nuevas instituciones asignadas, lo que suma una pesada carga económica y logística por concepto de pasajes y tiempos de traslado”, exponen.

Diferencias

Ramírez apunta que “la llegada de estudiantes con diversos niveles de aprendizaje obliga al docente -ya golpeado por la precariedad salarial- a invertir tiempo en diagnósticos y nivelaciones, enfrentando aulas heterogéneas y saturadas”.

El académico llama la atención sobre los posibles shocks de desadaptación y sus consecuencias, al considerar que “la suma de distancias largas, ambientes hostiles y vacíos pedagógicos constituye un detonante directo para el aumento de la deserción escolar”.

Subrayan el desafío que representa la reorganización del personal docente y administrativo. “Integrar estas plantillas en centros con equipos ya consolidados genera incertidumbre laboral y dificultades de gestión sin una planificación clara”, alertan.

Como solución, Ramírez plantea “la habilitación temporal de locales ad hoc (espacios comunitarios o edificaciones públicas) para mantener unidos a los mismos grupos de alumnos y maestros. Así se reduce el costo emocional del desplazamiento, aunque exija adecuar infraestructura provisional”. Igualmente, aboga por el acompañamiento técnico, supervisión administrativa y soporte psicológico continuo para toda la comunidad educativa.

Provea sostiene que “trasladar a más de 86 mil estudiantes a planteles receptores sin certificar previamente la capacidad de sus servicios básicos (agua, electricidad, red sanitaria), corre el riesgo de transformar una medida transitoria en un colapso permanente”.