El proceso de negociación entre el régimen chavista y la oposición, bajo el auspicio de Estados Unidos, comienza su segundo ciclo con el objetivo de avanzar en la reforma del sistema de justicia y abordar el punto de derechos y garantías políticas en el país.
La mesa se instaló formalmente el primero de agosto. La primera fase del diálogo cerró con dos acuerdos que se anunciaron el 12 de ese mes: unir esfuerzos para recuperar las reservas de oro venezolano -equivalentes a 4 mil millones de dólares- que están en el Banco de Inglaterra, y trabajar en la transformación del sistema de justicia del país, hoy totalmente controlado por el oficialismo.
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En el marco de ese pacto, la Asamblea Nacional dominada por el chavimo sancionó la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para darle mayoría de 12 representantes a la sociedad civil frente a los 11 diputados que conformarán el comité de postulaciones judiciales.
Además de abordar la constitución del comité de postulaciones judiciales, se espera que las partes definan la estructura de un consejo de revisión de credenciales y requisitos de los postulados al TSJ. Todo esto debe apuntalar el proceso de renovación del máximo juzgado del país.
Apertura
También está previsto que se instale la mesa de garantías políticas y libertad de expresión, donde la oposición busca sumar condiciones que contribuyan a la integridad electoral.
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Los principales partidos políticos del país -entre los que figuran organizaciones que apoyaron al chavismo- han sido intervenidos por el TSJ, que les ha arrebatado sus símbolos y designado a sus directivos de manera irregular.
Igualmente, el régimen chavista ha inhabilitado políticamente a distintos voceros de la disidencia, incluida la líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.
La delegación opositora, encabezada por Dinorah Figuera, apuesta por recuperar a los partidos y eliminar las inhabilitaciones en el marco de una negociación que ha sido diseñada y promovida por la administración de Donald Trump.
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Libertad
Aunque no forma parte de la agenda, un tema planea sobre el proceso de diálogo: la situación de los más de 300 presos políticos que aún están tras las rejas.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) publicó una carta el primero de septiembre por medio de la cual solicitó un encuentro con ambas delegaciones, con el fin de exponer la realidad que enfrentan los detenidos.
Figuera acusó recibo de la comunicación y manifestó “mi solidaridad y compromiso de seguir buscando las vías urgentes, justas y necesarias para la libertad de todos los presos políticos”.
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En contraste, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación chavista, presidente del Parlamento y hermano de la gobernante interina, Delcy Rodríguez, no respondió a la petición de Clippve.
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