Luego de encarcelarla y forzarla al exilio, justicia chavista declara inocente a Rocío San Miguel

Luego de pasar 700 días presa en El Helicoide -identificado como un centro de torturas por distintos organismos de Derechos Humanos- y ser obligada a abandonar el país tras su excarcelación el 8 de enero de 2026, la abogada y defensora de los derechos humanos, Rocío San Miguel, fue declarada inocente este jueves.

“Hoy culmina un duro capítulo en mi vida”, escribió en X San Miguel, quien estaba siendo procesada en el marco del caso denominado “Brazalete Blanco”, una supuesta conspiración para derrocar a Nicolás Maduro.

La activista señaló que “esta decisión ratifica lo que sostuve desde el primer día de mi detención, el 9 de febrero de 2024: soy inocente”. Destacó que “durante este tiempo fueron puestos a prueba mi capacidad de resistencia y el verdadero peso de mis principios”.

San Miguel fundó en 2005 una ONG llamada Control Ciudadano, cuya misión toca un tema en extremo sensible para el régimen chavista: “Promover y ejercer la contraloría ciudadana sobre los asuntos de la seguridad, la defensa y la Fuerza Armada Nacional (FAN)”.

En un país donde la mayoría -incluidos los dirigentes políticos- evita hablar sobre la FAN, la abogada se convirtió en la gran referencia para analizar el tema militar y denunciar sus irregularidades.

San Miguel también fue protagonista de un fallo histórico dictado en 2018 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado venezolano por desviación de poder y discriminación política por el hecho de haberla despedido en 2004 del Consejo Nacional de Fronteras.

“La justicia sólo será plena cuando el debido proceso, la dignidad humana y los derechos fundamentales sean una garantía para todos los venezolanos”, subrayó la directora de Control Ciudadano, quien agradeció las gestiones del expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, a favor de su liberación.

Condenados

San Miguel recibió una sentencia absolutoria, pero a otros de los involucrados en el expediente les impusieron penas de hasta 18 años de prisión. “En cuanto a las condenas emitidas en este caso contra otros acusados, espero sean anuladas por ser profundamente injustas”, aseveró.

“A lo largo de mi carrera como abogado litigante he presenciado y enfrentado montajes judiciales aberrantes, pero el caso ‘Brazalete Blanco’ se lleva el sitial del peor que me ha tocado litigar”, denunció Joel García, defensor de DDHH que ha intervenido en distintos casos de presos políticos.

García precisó que “el caso ‘Brazalete Blanco’ cierra con una grave incongruencia procesal: la Fiscalía admitió que no pudo probar magnicidio, terrorismo ni traición. Pero en vez de asumir el colapso probatorio de su teoría, reconfiguró los delitos en las conclusiones”.

“Cuando la acusación fiscal no se sostiene, la única respuesta apegada a la legalidad y al debido proceso es la absolución de ley”, apuntó el profesor universitario.