Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora que participa en el proceso de negociación con el régimen chavista, declaró que está previsto que para noviembre se culmine el proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“Nosotros tenemos un entregable de estos hitos para el mes de noviembre, y yo creo que vamos a honrar ese principio de meta”, afirmó Figuera, dirigente de Primero Justicia, partido que integra la coalición Plataforma Unitaria Democrática.
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El segundo ciclo de sesiones de la mesa de diálogo concluyó el 25 de septiembre con la conformación del Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos de los candidatos a magistrados del TSJ.
Las partes anunciaron que la Asamblea Nacional de mayoría chavista y presidida por Jorge Rodríguez, hermano mayor de la mandataria interina Delcy Rodríguez, avanzaría con la designación de la comisión preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales, ente que conducirá el procedimiento que llevará al nombramiento de los 32 jueces principales con sus respectivos suplentes.
Producto de la negociación, se reformó la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para que ese Comité de Postulaciones Judiciales tenga ahora una mayoría de 12 miembros de la sociedad civil frente a 11 diputados.
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Dictadura judicial
Mientras se adelantan los cambios en la cúpula del Poder Judicial, chavismo y oposición se comprometieron a “continuar el análisis y revisión de instrumentos legislativos necesarios para la transformación del sistema de justicia” en el país.
Juan Miguel Matheus, miembro de la delegación opositora y doctor en Derecho Constitucional, ha señalado que buscan desmantelar la “dictadura judicial” que el oficialismo impuso para ahogar a la disidencia.
El chavismo ha utilizado al TSJ como un ariete contra sus adversarios. En 2024, el máximo juzgado convalidó la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de proclamar ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio a Nicolás Maduro, sin presentar jamás las actas de escrutinio.
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Antes, el máximo juzgado había ratificado la inhabilitación política de la líder opositora María Corina Machado, negándole la posibilidad de participar en aquellos comicios.
Figuera indicó que la próxima fase de conversaciones, que se espera tenga lugar a mediados de octubre, abordará el tema de las garantías y derechos políticos. Allí la oposición llevará a la mesa su exigencia de que cese la intervención judicial contra sus partidos, y que se levanten las inhabilitaciones.
En paralelo, crece la expectativa sobre la designación de un nuevo CNE, paso clave para definir el cronograma electoral y un eventual llamado a las urnas para votaciones presidenciales.
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