
Más de mil aspirantes han presentado sus recaudos ante el Comité de Postulaciones Judiciales. Todos persiguen el mismo objetivo: ser escogidos como uno de los 32 magistrados principales del nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuya reestructuración forma parte del proceso de negociación que adelantan chavismo y oposición bajo el auspicio de Estados Unidos.
No cualquiera puede alcanzar ese cargo. La Constitución establece entre los requisitos “tener título universitario de postgrado en materia jurídica”. Sin embargo, ese filtro ha sido ensanchado por el régimen chavista valiéndose de sus propias instituciones académicas y de las privadas Universidad Católica Santa Rosa (UCSAR) y Universidad Nueva Esparta (UNE), donde distintas fichas identificadas con el oficialismo han conseguido diplomas.
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La profusión de certificados ha hecho que profesores y juristas llamen la atención sobre la necesidad de revisar con lupa las credenciales académicas de los candidatos chavistas, para verificar si cumplen con las exigencias de ley.
En clase
Un caso emblemático lo encarna la antigua concejal chavista y actual presidenta del TSJ, Caryslia Beatriz Rodríguez. Egresada de la Universidad Central de Venezuela como abogada en 1993, su formación académica incluye un magíster en Derecho Penal Militar, doctorado en Control Contencioso Administrativo de las Conductas del Poder Público y un posdoctorado en los paradigmas geopolíticos ante las crisis emergentes de la Universidad Nueva Esparta.
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Completa su hoja de vida con un doctorado en Derecho Procesal Constitucional y un doctorado en Derecho Probatorio de la Universidad Católica Santa Rosa. A esto agrega títulos en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, la Universidad Militar Bolivariana y la Universidad Internacional de las Telecomunicaciones. Todos entes chavistas.
En aquel doctorado en Control Contencioso Administrativo de las Conductas del Poder Público de la UNE, Rodríguez tuvo como condiscípulos al presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, el jefe de la Petroquímica de Venezuela (Pequiven), José David Cabello, el entonces procurador general, Reinaldo Muñoz, y al mismísimo rector de la UCSAR, presbítero Carlos Alberto Boully Gómez.
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Boully Gómez fue incluido por el chavismo en tres comités de postulaciones que en el pasado solo sirvieron para reforzar el control del régimen sobre los poderes Electoral y Judicial.
Entre los compañeros de la magistrada Rodríguez en el doctorado en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Santa Rosa destacaban el para entonces ministro de Relaciones Interiores, Remigio Ceballos Ichaso, hoy embajador en China, y la ex superintendente de la Actividad Aseguradora, Celeste Liendo, colaboradora de Amoroso. En esos cursos la jueza ha compartido con los legisladores José Gregorio Correa, José Brito y Luis Eduardo Martínez, quienes se vieron beneficiados por decisiones del TSJ sobre la intervención de los partidos de la oposición.
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Una nota de prensa publicada por el TSJ sobre aquel doctorado señala que “el padrino de la promoción fue el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros”. Los nombres que resaltan en la extensa lista de graduandos: La presidenta de la Sala Constitucional del TSJ, Tania D’Amelio, Amoroso, el antiguo fiscal general Tarek William Saab, y el contralor general Gustavo Vizcaíno, entre otros funcionarios de confianza.

La semana pasada, el diputado chavista Nicolás Maduro Guerra -hijo de Nicolás Maduro- y el viceministro de Comercio Internacional, Saúl Ameliach, obtuvieron el título de “doctor en Seguridad de la Nación” por parte del Instituto de Altos Estudios en Seguridad de la Nación.
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Pasado
Más allá del debate sobre los títulos, la ONG Acceso a la Justicia cuestionó que el baremo que se aplicará ofrezca “ventajas a quienes han ocupado cargos públicos” y dé “mayor peso a la antigüedad que al desempeño”, tomando en cuenta que el chavismo lleva 27 años monopolizando toda la función estatal.
“Esto preocupa especialmente porque en Venezuela no se realizan concursos públicos de oposición para ingresar a la judicatura desde 2003. Más aún esto es alarmante si se considera que el sistema de justicia penal junto con el TSJ han sido parte del aparato represivo del Estado”, denunció Acceso a la Justicia.
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