La ONG Foro Penal informó que 382 personas permanecen detenidas en Venezuela por motivos políticos, según el balance publicado con fecha de corte del 3 de agosto. La institución señaló que revisa de manera permanente denuncias de detenciones ocurridas en el pasado y no informadas previamente a la organización.
Según las cifras, del total de presos políticos en territorio venezolano, 356 son hombres y 26 mujeres; 222 corresponden a civiles y 160 a militares, mientras que se desconoce el paradero una persona. Además, 40 de los detenidos son extranjeros. El informe, divulgado en la red social X, detalla que 158 personas ya recibieron condena y 224 esperan sentencia. El balance indica que cuatro de los casos fueron reportados recientemente, aunque no se ofrecieron detalles sobre las circunstancias.
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La cifra representa un aumento respecto al informe del 27 de julio, cuando se registraban 379 detenidos por razones políticas. Organizaciones como Human Rights Watch denunciaron en reiteradas ocasiones un patrón de “puerta giratoria” en el país caribeño, con liberaciones y nuevas detenciones de opositores.
En febrero, tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, el Parlamento venezolano aprobó una Ley de Amnistía para 13 hechos ocurridos en distintos años, beneficiando, según el Gobierno chavista, a más de 8.000 personas, aunque la mayoría ya tenía libertad restringida. Además, familiares denuncian que las autoridades aún no completaron el proceso de excarcelaciones masivas anunciadas en febrero.
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Desde 2014, Foro Penal contabiliza 19.175 detenciones políticas en Venezuela. El Gobierno, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, sostiene que no hay presos por motivos políticos y asegura que los detenidos cometieron delitos, una afirmación rechazada por la oposición y diversas ONG.
Cabe mencionar que al menos 49 presos comunes murieron entre abril y julio de 2026 en Venezuela, según datos del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). La organización denunció que el Estado “incumplió su obligación más elemental: proteger la vida de quienes mantiene bajo su custodia”. De los fallecidos, 48 eran hombres y una mujer; 47 murieron en establecimientos penitenciarios y dos en calabozos policiales.
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El OVP subrayó que detrás de cada cifra hay historias distintas, pero todas reflejan una realidad común: personas que dependían del Estado para acceder a atención médica, medicamentos, exámenes o traslados oportunos a centros de salud.
Según el informe, las muertes se debieron a enfermedades prevenibles o tratables, como tuberculosis, deshidratación severa, diarreas agudas y otras patologías que, con atención médica adecuada, no habrían resultado fatales.
La organización sostuvo que, en caso de fallecimiento por falta de atención médica, el Estado debe explicar las causas, identificar a quienes no actuaron y adoptar medidas para evitar que estos hechos se repitan. El OVP instó a la Fiscalía a iniciar una investigación “transparente, exhaustiva e imparcial” sobre cada caso, para determinar las responsabilidades correspondientes.
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El organismo exigió la intervención inmediata del Ministerio para el Servicio Penitenciario y la puesta en marcha de una atención humanitaria por razones de salud para los presos en todos los establecimientos penitenciarios y centros de detención del país.
La semana pasada, Foro Penal reportó la excarcelación del coronel José Jesús Lozano Mogollón, quien había sido detenido el 9 de agosto de 2024 tras expresar a un subalterno su rechazo a los resultados de las elecciones presidenciales de ese año, en las que el ente electoral proclamó la victoria del ex líder del régimen venezolano Nicolás Maduro. El 8 de julio de 2025, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia condenó a Lozano Mogollón a cuatro años de prisión por el delito de instigación a la rebelión.
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(Con información de EFE)
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