El gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, confirmó que al menos 1.579 personas permanecen desaparecidas tras los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio. El funcionario detalló que la cifra se basa en reportes directos de familiares afectados por la catástrofe, que también dejó un saldo oficial de 6.125 muertos en todo el país.
Terán enfatizó que parte de los desaparecidos podría encontrarse entre los fallecidos cuyos cuerpos aún no fueron certificados por el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), lo que mantenía la incertidumbre entre quienes buscaban a sus seres queridos en las zonas más perjudicadas.
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En ese marco, la organización Provea, dedicada a la defensa de los derechos humanos, pidió al gobierno venezolano actualizar de manera transparente las cifras de desaparecidos y fallecidos. Además, criticó la falta de un registro público confiable y señaló que el dato oficial de personas sin localizar no había variado desde el 25 de junio, cuando se informaron 157 casos abiertos.
Iniciativas ciudadanas como el grupo “Desaparecidos Terremoto Venezuela” denunciaron que la lista de personas cuyo paradero se desconoce superaba las 29.000, aunque este número no contaba con respaldo en informes oficiales.
Bajo este contexto, las autoridades venezolanas modificaron los criterios de publicación de los reportes posteriores al desastre. El nuevo boletín semanal, presentado como parte de la etapa de reconstrucción, omitió cifras sobre heridos, damnificados o edificios colapsados y se enfocó en aspectos como el número de viviendas entregadas a familias afectadas.
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Según el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, se evaluaron 43.679 viviendas y, de un total de 41.624, unas 9.866 quedaron restringidas y 6.433 se clasificaron en alto riesgo. La distribución de estas viviendas y la rehabilitación de la infraestructura se convirtieron en prioridades para los equipos de emergencia y los organismos públicos involucrados en la respuesta.
La falta de datos públicos sobre heridos y colapsos impidió conocer el cuadro completo de daños estructurales, pese a que la Asamblea Nacional y los ministerios de Educación y Comunicación coordinaron boletines periódicos sobre la etapa de reconstrucción y asistencia.
A la crisis se suma el colapso de instalaciones estratégicas como el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal puerta de entrada al país, que sufrió graves daños estructurales. Esto obligó a redirigir la llegada de ayuda internacional a otros aeropuertos, como el Arturo Michelena, en Carabobo.
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Allí aterrizó un cargamento de cinco toneladas de medicamentos donados por Egipto. El Ministerio de Comunicación venezolano informó que el envío incluyó analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, antivirales y fármacos para la salud mental y el sistema nervioso, entre otros insumos, destinados a hospitales, centros de salud, campamentos temporales y hospitales de campaña en las regiones más afectadas.
(Con información de EFE)
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