Empresas podrían despedir a miles de trabajadores en Colombia, entre ellos, aprendices del Sena, ante medida que reactivó el Consejo de Estado

El Consejo de Estado suspendió la prohibición del período de prueba en los contratos de aprendizaje en Colombia. La medida, adoptada desde el 5 de octubre de 2026, permite que empresas y aprendices pacten por escrito esa etapa inicial, pero no la convierte en obligatoria ni restablece de forma automática una duración especial de tres meses. De esta manera, el alto tribunal suspendió de manera provisional la disposición que el Decreto 223 de 2026 incorporó al Decreto 1072 de 2015 para excluir el período de prueba en esta modalidad de vinculación.

Por supuesto, la decisión afecta, principalmente, a aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y a aquellas personas que tengan contratos de aprendizaje con otras entidades.

Como se recordará, en Colombia, el contrato de aprendizaje permite vincular a estudiantes y jóvenes mayores de 14 años con empresas y entidades públicas como parte de su proceso de formación académica y práctica. El mecanismo contempla a alumnos de distintos niveles educativos, bajo condiciones específicas según su edad y tipo de institución:

• Estudios de pregrado, posgrado, educación para el trabajo y el desarrollo humano o escuelas normales superiores.
• Alumnos de los dos últimos grados de secundaria en instituciones aprobadas por el Estado.
• La norma incluye a personas mayores de 14 años. Para los adolescentes de entre 15 y 17 años, la etapa práctica requiere una autorización previa del inspector de trabajo. Los menores de edad deben cumplir requisitos adicionales antes de iniciar esa fase de formación.

• Las empresas privadas con 15 o más trabajadores, salvo las de la industria de la construcción, deben contratar aprendices de acuerdo con la cuota prevista por la ley. La proporción establece un aprendiz por cada 20 trabajadores y uno adicional por cada fracción de 10 a 20 empleados.
• También pueden patrocinar aprendices las entidades industriales, comerciales y de economía mixta del sector público, además de las organizaciones estatales que opten por hacerlo de forma voluntaria. Los estudiantes vinculados a una entidad pública mediante contrato de aprendizaje no adquieren la condición de servidores públicos.

Así las cosas, las empresas en Colombia pueden acordar un período de prueba con sus aprendices si ambas partes lo estipulan por escrito y respetan los límites del Código Sustantivo del Trabajo (CST). “La suspensión no presume esa etapa por el inicio del vínculo, ni autoriza terminar cualquier contrato de aprendizaje sin que exista una cláusula válidamente pactada”, dice el fallo.

Dicha prohibición deja de producir efectos mientras el alto tribunal estudia la demanda de nulidad presentada contra la norma. Los demandantes, Yenny Lorena Fonseca Amado y Santiago González Maldonado, solicitaron la anulación parcial de la disposición y la suspensión de sus efectos durante el proceso.

Cuestionamientos del Consejo de Estado a la prohibición absoluta

La discusión surgió a partir de la reforma laboral contenida en la Ley 2466 de 2025, que modificó el artículo 81 del CST. La norma calificó el contrato de aprendizaje como un contrato laboral especial y a término fijo, sometido a las normas sustantivas de ese código, aunque conserve una finalidad formativa. El artículo 21 de esa ley remitió esta modalidad a las reglas laborales generales, entre ellas los artículos 76 a 80, que regulan el período de prueba. Para la Sección Segunda del Consejo de Estado, esa remisión impedía que el Gobierno excluyera por completo una estipulación que la ley permite pactar.

La magistrada Elizabeth Becerra Cornejo ordenó suspender de manera cautelar el artículo 2.2.6.3.3.26 del Decreto 1072 de 2015, incorporado por el Decreto 223 de 2026. El auto sostuvo que el decreto “eliminó la posibilidad misma de estipularlo, pese a que el artículo 81 del CST sometió esta modalidad contractual a las normas sustantivas de ese estatuto sin establecer tal excepción”.

Añadió que “el artículo 1 del Decreto 223 de 2026, al incorporar el artículo 2.2.6.3.3.26 del Decreto 1072 de 2015, que excluyó de manera absoluta el período de prueba del contrato de aprendizaje, no se limitó a desarrollar la ley para garantizar su cumplida ejecución, sino que restringió el ámbito de aplicación del régimen sustantivo al cual el propio legislador sometió esta modalidad contractual, al impedir una estipulación que aquel permite”.

El pronunciamiento no decide todavía si la disposición será anulada de forma definitiva. El Consejo de Estado deberá resolver la legalidad del decreto cuando emita la sentencia de fondo sobre la demanda, por lo que la suspensión conserva carácter temporal.

Condiciones para pactar el período de prueba

La cláusula debe constar por escrito para que tenga validez en un contrato de aprendizaje. Si la empresa y el aprendiz no la incluyen expresamente, el vínculo se rige por las normas laborales sin período de prueba, pues este no se presume por el comienzo de la relación. Como regla general, “el período de prueba no puede superar dos meses. En contratos a término fijo inferiores a un año, tampoco puede exceder la quinta parte del tiempo inicialmente acordado y, en ningún caso, puede rebasar ese límite máximo”.

Como ejemplo, el Consejo de Estado expuso que una empresa y un aprendiz pueden fijar por escrito un período de prueba de un mes. Durante ese lapso, el artículo 80 del Código Sustantivo del Trabajo permite que cualquiera de las partes termine unilateralmente el contrato sin previo aviso.

Esa posibilidad no elimina los derechos laborales del aprendiz durante la etapa acordada. La misma norma establece que los trabajadores en período de prueba conservan todas las prestaciones, mientras que la empresa no puede dar por existente esa cláusula si nunca fue pactada por escrito.

Por qué no se revive un período de tres meses

El auto también descartó el regreso de la antigua regla del artículo 88 del CST, que presumía como período de prueba los primeros tres meses del contrato de aprendizaje. La suspensión del Decreto 223 de 2026 no recupera esa disposición ni establece una duración especial para esta clase de vínculos. El tribunal recordó que la Ley 789 de 2002 reguló integralmente el contrato de aprendizaje.

Además, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-215 de 2007, consideró que los artículos 81 a 88 podían entenderse derogados tácitamente.

La Ley 2466 de 2025 reforzó, a la vez, las garantías para los aprendices. Durante la etapa lectiva deben contar con cobertura en salud y riesgos laborales; en la fase práctica o durante toda la formación dual, tienen derecho a afiliación al sistema de seguridad social integral, prestaciones, auxilios y demás derechos laborales.

Finalmente, la medida cautelar mantiene esas protecciones y solo restituye la posibilidad de acordar una cláusula escrita bajo las reglas generales. El Gobierno no podía cerrar mediante decreto una alternativa contractual que la propia ley dejó dentro del régimen laboral aplicable a los aprendices.