¿Proteger vidas o blindar el poder? El debate sobre la actuación militar ante contextos de desastre en Venezuela

El terremoto suele medir la resistencia de los edificios. Pero, en países políticamente tensos, también mide la resistencia de las instituciones. Venezuela lo comprobó tras los dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio de 2026, una emergencia que obligó a declarar el estado de emergencia nacional y que dejó al descubierto una pregunta central: ¿la respuesta del Estado estuvo orientada, ante todo, a salvar vidas o a preservar el control político?

El profesor e investigador Rodrigo Mijares, articulista de los Papeles del Crem, magíster en Gestión de Logística del Instituto Politécnico de las Fuerzas Armadas de Venezuela, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar e investigador invitado del Centro de Investigación y Educación en Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa, plantea que la discusión central no se limita al número de efectivos desplegados, sino al tipo de Estado que se hizo visible cuando la ciudadanía necesitaba protección, coordinación y presencia inmediata.

La tragedia venezolana, sostiene el investigador, permite formular una hipótesis incómoda: en sistemas donde las fuerzas armadas son pilar central del poder político, la gestión de desastres puede quedar condicionada por la preservación del régimen. Y cuando esa sospecha aparece en medio del dolor, también se convierte en parte de la catástrofe.

Por ello ubica el debate en una dimensión institucional: en sistemas políticos altamente centralizados, la respuesta ante una catástrofe puede quedar condicionada por la preservación del régimen antes que por la protección directa del ciudadano.

Los reportes humanitarios difundidos en los días posteriores describieron una crisis humanitaria de gran magnitud: miles de personas afectadas, evacuaciones masivas, hospitales dañados, escuelas comprometidas, viviendas destruidas y equipos nacionales e internacionales desplegados en labores de rescate, atención sanitaria, distribución de agua y alojamiento temporal. En ese escenario, el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana quedó sometido a una lectura que trasciende la logística y entra de lleno en el terreno político.

En una catástrofe, la primera respuesta del Estado no solo salva vidas: también revela prioridades. Esa es la lectura que propone el profesor e investigador Rodrigo Mijares al analizar la actuación institucional posterior a los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio de 2026, una emergencia que obligó a decretar el estado de emergencia nacional y expuso, una vez más, la fragilidad de los sistemas de respuesta ante desastres.

Para Mijares, la pregunta de fondo no es únicamente cuántos militares fueron movilizados, sino “qué tipo de Estado se proyectó cuando la sociedad más necesitaba percibirlo como protector”.

En su criterio, el juicio histórico de una tragedia no queda determinado solo por la magnitud del desastre, sino por la forma en que el poder responde cuando la vida humana está en juego.

Esa respuesta, advierte, incide inevitablemente en la percepción pública sobre quién pudo ser salvado y no recibió apoyo inmediato. “Eso, sencillamente, duele y mucho”, dice Mijares.

Observable o no demostrado

El terremoto doble del 24 de junio, reportado por medios internacionales como dos sismos de gran magnitud ocurridos con segundos de diferencia, provocó daños severos, colapsos estructurales, suspensión de servicios y cierre de infraestructuras clave, entre ellas el aeropuerto de Maiquetía. En los primeros días, distintos reportes señalaron labores de rescate encabezadas por bomberos, Protección Civil, voluntarios, comunidades organizadas y equipos internacionales.

Mijares subraya una distinción clave para evitar conclusiones apresuradas: hay hechos observables y hay hipótesis políticas. Entre los primeros figuran la declaración de emergencia, la presencia de organismos civiles, bomberos, Protección Civil, voluntarios, comunidades organizadas y delegaciones extranjeras en tareas de rescate y asistencia.

Lo que no está demostrado, advierte, es una decisión deliberada de restringir la participación militar en las labores de rescate. Pero la ausencia de una prueba concluyente no cancela el análisis político. En una emergencia, la ciudadanía no solo evalúa qué hizo el Estado, sino cómo lo hizo, qué mostró, qué ocultó y qué imagen proyectó cuando la vida humana dependía de una respuesta inmediata.

La teoría detrás de la crisis

Desde la teoría de las relaciones cívico-militares, Mijares vincula el caso venezolano con autores como Samuel Huntington, Morris Janowitz, Samuel Edward Finer, Alfred Stepan, Peter Feaver y Rebecca Schiff, quienes han estudiado la relación entre fuerzas armadas, poder político, control civil y legitimidad. En conjunto, explica, esas aproximaciones coinciden en que los militares no son simples operadores técnicos: son instituciones profundamente insertas en la estructura política del Estado.

Samuel Huntington puso el acento en el control civil y el profesionalismo militar; Morris Janowitz destacó la adaptación del ejército a funciones sociales; Samuel Finer y Alfred Stepan analizaron el papel de los militares como actores políticos; Peter Feaver propuso el modelo principal-agente para estudiar la supervisión civil; Rebecca Schiff habló de la concordancia entre sociedad, fuerzas armadas y gobierno; y Steven Levitsky y Lucan Way explicaron cómo los regímenes autoritarios competitivos pueden convertir a los militares en soporte estructural del poder.

La comparación histórica, añade el profesor Mijares, permite observar un patrón. En crisis extremas, desde la Rusia de 1917 hasta experiencias latinoamericanas estudiadas por Stepan, la preservación del poder puede incidir en la forma en que se movilizan los recursos coercitivos del Estado. El punto no es trasladar mecánicamente esos casos a Venezuela, sino advertir que, bajo presión, los regímenes revelan qué consideran prioritario proteger.

El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, adoptado en el ámbito de Naciones Unidas, establece que los Estados tienen la responsabilidad principal de reducir el riesgo, fortalecer la preparación y responder de manera coordinada para proteger vidas, medios de subsistencia e infraestructura crítica. Bajo ese estándar, la emergencia venezolana abre una discusión inevitable sobre coordinación, transparencia, rendición de cuentas y presencia institucional en el terreno.

Para el articulista de Los Papeles del Crem, la pregunta decisiva no es solo cuántos militares fueron movilizados, sino qué tipo de Estado apareció ante la sociedad cuando la sociedad más necesitaba verlo como protector. En el juicio histórico de una catástrofe, lo que perdura no es únicamente la magnitud del desastre, sino la forma en que el poder respondió cuando la vida humana estaba en juego.

La catástrofe, entonces, no solo dejó daños materiales y humanos. También abrió una pregunta política de largo alcance: en el momento más crítico, ¿el ciudadano vio a un Estado protector o a un poder preocupado por sostenerse? Para Mijares, esa respuesta marcará la memoria pública de la tragedia tanto como el propio terremoto.