Delcy Rodríguez cumple el plazo máximo de la Presidencia encargada y expertos advierten por la legalidad de su Gobierno

Hace exactamente seis meses, fuerzas especiales de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Caracas. Y a partir de hoy, según la ONG Acceso a la Justicia, Venezuela “entra en un terreno de abierta e inédita inconstitucionalidad”.

¿Por qué los expertos lanzan esta afirmación? La Carta Magna bolivariana establece en su artículo 234 que las “faltas temporales” del Presidente de la República “serán suplidas por el Vicepresidente Ejecutivo hasta por noventa días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por noventa días más”.

El chavismo tiene una papa caliente en las manos. El Tribunal Supremo de Justicia inventó la figura de la “ausencia forzosa” para no declarar la falta absoluta de Maduro, fallo que habría obligado a la convocatoria de elecciones para cubrir la vacante en un plazo de 30 días, según el texto fundamental venezolano.

Delcy Rodríguez asumió la jefatura del Estado con el fin de garantizar la “continuidad administrativa”, mientras el Parlamento, dirigido por su hermano Jorge Rodríguez, no se ha pronunciado sobre su continuidad en el poder.

“El silencio que ha mantenido la Asamblea Nacional durante estos seis meses es alarmante. La Carta Magna es clara al dictaminar que si una falta temporal se prolonga, corresponde al Parlamento debatir y resolver el asunto. Permitir que el plazo expire en su totalidad sin abrir la discusión no es una omisión menor, es un incumpliento de las funciones del Poder Legislativo”, denuncia Acceso a la Justicia.

Esperando

El artículo 233 de la Constitución identifica como causales de la falta absoluta del Presidente de la República “su muerte, su renuncia, o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato”.

Agarrándose de cada letra de esa disposición, el oficialismo argumenta que la Carta Magna no contempla un hecho como el ocurrido el 3 de enero y se niega a aceptar que Maduro, preso en una cárcel de Nueva York, no regresará al palacio de Miraflores.

“Lo que es jurídicamente insostenible es pretender que, porque la causa específica de la ausencia no esté textualmente en la Constitución, esta deje de aplicarse”, responde Acceso a la Justicia, enfatizando que “la Carta Magna fue diseñada previendo límites precisos para evitar que una situación provisional se convierta en una continuidad administrativa al margen del Estado de Derecho”.

La diputada chavista Iris Varela llegó a declarar que a Maduro “le estamos cuidando la silla con Delcy, que es la única que se puede sentar allí”. Ya antes de los terremotos del 24 de junio, el gobierno había descartado la convocatoria a elecciones presidenciales, indicando que la prioridad del país era la recuperación económica.

El abogado y defensor de Derechos Humanos, Joel García, sostiene que “el vencimiento de los 180 días de encargaduría no es un mero asunto de plazos. Jurídicamente, entramos en un terreno de abierta ruptura”.

García apunta que las instituciones chavistas “pretenden crear una ‘presidencia encargada permanente’ no electa, lo que desnaturaliza el diseño republicano y viola flagrantemente la soberanía popular”.

En medio de la peor tragedia que ha sufrido Venezuela en los últimos años, provocada por los terremotos que hasta la fecha han dejado más de 2.500 muertos, el politólogo y ex preso político Nicmer Evans subraya que este 3 de julio es un día clave en el agitado calendario político venezolano. “Hoy Delcy amaneció más inelecta (sic), más tutelada, más autócrata y más inconstitucional que nunca, a seis meses de la ausencia absoluta de Maduro”.