El gobierno venezolano admitió que el sistema de justicia está en crisis

El régimen chavista confirma que, al menos en cuanto a la justicia penal, la situación en el país es mucho peor de lo que denunciaban sus críticos.

El más reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) afirma que en Venezuela existen 26.694 personas privadas de libertad, lo que generaría un hacinamiento de 176,83%. Pero se quedaron muy cortos.

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, precisó que en realidad el país registra un total de 58.714 personas privadas de libertad, de las cuales 12.425 tienen más de dos años presas sin sentencia y 8.222 están recluidas en centros de detención preventiva, lugares habilitados para estadías de un máximo de 48 horas.

Tan pronto asumió el poder, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció que impulsaría una reforma de la justicia penal, admitiendo que el sistema está minado por la corrupción y que se ensaña particularmente contra los más pobres.

“Tengo información y he pedido actuación por aquellos jueces que se atreven a cobrar por la amnistía, eso debe cesar”, declaró la mandataria interina, confirmando las denuncias hechas por abogados independientes y activistas de Derechos Humanos.

La iniciativa de Rodríguez ha llevado a un gobierno que se caracteriza por la opacidad, a ofrecer datos que dejan en evidencia las desviaciones del Poder Judicial venezolano.

El fiscal general, Larry Devoe, apuntó que casi el 70% de la población reclusa pertenece a los estratos 4 y 5, y “81% son primarios, es decir, es la primera vez que están sometidos al proceso de justicia penal por la comisión de algún delito”.

El propio Cabello reconoció que 70% de los privados de libertad requieren la asesoría de la Defensa Pública. “Eso habla mucho de quién está detenido. La persona que está detenida ni siquiera tiene cómo pagar un abogado. ¿Hacia quién está apuntando la justicia?”, inquirió.

Devoe desveló que “75% de los condenados admitió los hechos, lo que significa que ante el retardo procesal y los costos del proceso, la solución es admitir los hechos para salir antes”.

Ante la estadística, el OVP plantea: “Cuando una persona enfrenta años de prisión preventiva, hacinamiento, condiciones indignas de reclusión, falta de atención médica, alimentación insuficiente, escasez de agua potable y la incertidumbre de no saber cuándo será juzgada, la admisión de los hechos deja de ser una simple decisión jurídica y puede convertirse en una estrategia de supervivencia”.

A correr

En una reunión pública de la comisión instalada por la presidenta Rodríguez para abordar los cambios en el sistema penal, la defensora del pueblo, Eglée González Lobato, confesó que las demandas superan la capacidad de respuesta de la institución.

“Es que en la Defensoría hay de todo, yo estoy que corro, allí hay presos políticos, presos comunes (...) es una situación de una complejidad, de una vulnerabilidad, que solo es posible atenderla si se cuenta con coordinación”, apuntó González Lobato.

La flamante jefa del Ejecutivo también lanzó una línea telefónica para que los ciudadanos denuncien actos de extorsión que cometen policías, fiscales, jueces y demás funcionarios. “Quiero acabar con la matraca (soborno) y extorsión, se acabó, el pueblo venezolano lo pide”, manifestó Rodríguez.

Destacando que “si alguien ha enfrentado la corrupción hemos sido nosotros”, Cabello detalló que en los últimos dos años han removido y pasado a juicio a 28.314 funcionarios policiales, y comentó que es “un problema la discrecionalidad con la que trabajan las policías estadales y municipales”.

Al escuchar las exposiciones de los altos representantes del Estado, el Observatorio de Prisiones concluye: “Lo preocupante no es que ahora reconozcan la crisis, lo verdaderamente alarmante es que la reconozcan después de años de denuncias, informes, muertes bajo custodia y miles de personas atrapadas en un sistema que ellos mismos admiten que no funciona”.