Productores señalan que Ley de Actividad Ganadera no combate la violencia del campo en Venezuela

Al revisar el proyecto de Ley para la Protección de la Actividad Ganadera, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional de mayoría chavista, un productor señala: “Sería un texto muy bueno, si Venezuela fuera un país del primer mundo”.

Miembros de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) advierten que la norma que aún se discute en el Parlamento no atiende el tema de la seguridad en el campo, principal preocupación del gremio.

“El primer paso para fomentar la producción agropecuaria es crear condiciones de seguridad jurídica y confianza, si no es así no puede haber inversión ni existirá desarrollo económico y social”, apunta una de las fuentes consultadas.

El texto en cuestión consta de 16 artículos y dice tener como propósito general “instituir un marco administrativo, tecnológico y de fiscalización integral que erradique los espacios de informalidad en el campo, resguarde el rebaño nacional y proteja las unidades de producción ganaderas”.

Sin embargo, en ninguna parte se tipifican ni se aplican penas por los delitos que afectan a los ganaderos. “Existen actividades ilícitas como abigeato, hurto, robo, invasiones, tala y quema, entre otras, que dañan la producción nacional y atentan contra la seguridad agroalimentaria de Venezuela”, subraya un dirigente gremial.

El diputado opositor Alexis Algarra, quien además es productor agropecuario, rechaza esta ley “porque no atiende la emergencia que vive el campo venezolano”. El legislador enfatizó que “los ganaderos venezolanos pedimos protección efectiva frente al abigeato, las invasiones de fincas, la extorsión, el secuestro, las amenazas, el robo de ganado y la violencia rural”.

Penal

Fedenaga promovió en 2021 ante la Asamblea Nacional la discusión de un anteproyecto de reforma de la Ley Penal de Protección de la Actividad Ganadera. En su exposición de motivos, aquella propuesta indicaba que “en Venezuela existe un aumento de los índices del delito de hurto sobre ganado”, y denunciaba que “el abigeato se ha potenciado en los últimos años atentando contra la vida de productores y trabajadores del campo”.

La iniciativa de los productores tipificaba delitos y planteaba directamente penas de hasta 20 años de prisión contra el robo de ganado a mano armada, y un máximo de 18 años de cárcel para castigar a quien “mediante violencia o amenaza de graves daños inmediatos a personas o cosas”, se apodere de una o varias cabezas de ganado.

“Quien beneficie una o varias cabezas de ganado ajeno, sin consentimiento de su dueño o de quien deba darlo, será penado con presidio de seis a diez años”, expone el artículo 12 del anteproyecto, que terminó siendo engavetado por el oficialismo.

Sin respuesta

Otro de los productores consultados subraya que “la urgencia de sacar una ley es para proteger el rebaño con penas de cárcel, porque ahora mismo capturan a un delincuente robando reses, pasa dos días en un calabozo y de inmediato lo liberan”.

Cuestiona que el proyecto que impulsa el Parlamento dirigido por Jorge Rodríguez habla de “modernización tecnológica”, “trazabilidad biométrica” y guías de movilización, mientras el Ministerio de Agricultura, a cargo del general Vladimir Padrino López, no cuenta con la infraestructura básica y se terminan haciendo inspecciones vía telefónica por la ausencia de vehículos para trasladarse a las zonas.

“La expansión de la frontera agropecuaria viene acompañada del desarrollo rural, diversificando y mejorando las actividades productivas con la transformación de las materias primas. Pero primero lo primero: necesitamos confianza, seguridad y justicia”, demandan los productores.