Antes de que la presidenta encargada Delcy Rodríguez ordenara la transformación de El Helicoide, considerado un centro de torturas por distintos organismos internacionales, Donald Trump se encargó de anunciarle al mundo que esa cárcel sería clausurada.
“Tenían una cámara de tortura en el centro de Caracas que ahora están cerrando”, dijo Trump el 6 de enero, tres días después de haber ordenado la operación militar que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
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A finales de ese mes, Rodríguez confirmó la primicia ofrecida por el mandatario de Estados Unidos. “Hemos decidido que las instalaciones de El Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto”, declaró en el acto donde también adelantó la aprobación de una Ley de Amnistía.
Sin embargo, no fue sino hasta el 4 de junio cuando el régimen chavista comenzó a vaciar las celdas del recinto, en un operativo que generó críticas de familiares de presos y activistas de Derechos Humanos principalmente por dos razones: Primero, por la falta de información oficial y, segundo, porque en lugar de ser liberados, los reclusos fueron trasladados a establecimientos fuera de Caracas.
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“La campaña contra El Helicoide fue feroz: el peor ‘centro de torturas’ desde la edad de piedra. Se procede a cerrarlo y transformarlo. Como inevitable consecuencia, se trasladan los privados a otros centros de reclusión. Pero igualito hacen un escándalo. ¿Quién los entiende?”, reaccionó en redes Jorge Arreaza, excanciller de la República, yerno del difunto Hugo Chávez y diputado que actualmente preside la comisión que desde el Parlamento da seguimiento a la aplicación de la Ley de Amnistía.
Rechazo
El mensaje de Arreaza generó una ola de rechazo y encendió el debate. La activista de DDHH y directora del Instituto Casla, Tamara Suju, recordó que en su condición de vicepresidente de Maduro entre 2013 y 2016, Arreaza tuvo a su cargo el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que funciona en El Helicoide.
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“Eras el segundo alto responsable de la represión sistemática y crímenes de lesa humanidad (...) bajo tu dirección, las desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, etc., cometidas por ese organismo de seguridad en todas sus sedes, incluyendo El Helicoide, ese del que ahora te burlas y donde no solo han torturado a tus compatriotas, sino donde han muerto también presos políticos”, expresó Suju.
La dirigente Sairam Rivas le respondió desde la experiencia propia, pues tanto ella como su pareja Jesús Armas estuvieron detenidos en ese lugar. “En El Helicoide se han documentado torturas por diversos mecanismos internacionales de DDHH desde 2014, algo que yo misma puedo verificar por mi experiencia como presa política”.
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“Entre esos presos políticos en El Helicoide, cuyo carácter de centro de tortura minimizas, murió bajo custodia Alfredo Díaz, quien nunca debió estar detenido y cuya muerto se pudo haber evitado”, agregó Rivas, en referencia al ex gobernador del estado Nueva Esparta que falleció el 6 de diciembre de 2025, trece meses después de su captura.
Libertad y verdad
La cuenta Realidad Helicoide, proyecto que denuncia los abusos cometidos en esa cárcel, fustigó al legislador chavista. “Tu cinismo te expone como lo que eres: un cómplice y perpetrador más del régimen criminal. El Helicoide es un centro de torturas. Cerrarlo de verdad exige liberar a las víctimas, no trasladar el horror a otra cárcel”.
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El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) emitió un comunicado destacando que “El Helicoide tampoco puede presentarse como un centro cerrado mientras siga vinculado a organismos policiales y de inteligencia, mientras no exista información pública clara sobre su desmantelamiento real y mientras las víctimas sigan sin verdad, justicia ni reparación”.
Sin mencionarlo directamente, Clippve también le contestó a Arreaza: “Resulta inaceptable que representantes o figuras que dicen promover paz, convivencia y reconciliación del país intenten minimizar el daño causado por estos traslados o deslegitimar el reclamo de las familias”.
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