Un informe del Laboratorio de Paz advierte que Venezuela aún está lejos de una transición a la democracia

Cumplidos cinco meses del ataque militar de Estados Unidos que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el centro de investigación Laboratorio de Paz (LabPaz) advierte que “Venezuela parece encontrarse más cerca de un proceso de recomposición autoritaria y reconfiguración interna del poder que del inicio verificable de una transición democrática”.

Maduro cayó el 3 de enero, producto de la intervención norteamericana, pero la estructura chavista permanece intacta, ahora encabezada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

La Casa Blanca anunció un plan de tres fases para el país -Estabilización, Recuperación y Transición-; sin embargo, hasta la fecha no se ha acordado un cronograma electoral y la líder de la oposición, María Corina Machado, no ha podido regresar a Caracas por las amenazas del oficialismo en su contra.

“Hasta el momento no se han producido reformas comparables a experiencias internacionales de transición: las nuevas designaciones responden principalmente a criterios de fidelidad política, no existe cronograma electoral ni renovación del Consejo Nacional Electoral, no se han impulsado medidas orientadas a garantizar independencia judicial, no se han creado mecanismos de verdad y reparación para las víctimas y tampoco se ha desmontado el entramado normativo restrictivo que limita libertades y espacio cívico”, observa LabPaz.

La organización dirigida por los defensores de Derechos Humanos Lexys Rendón y Rafael Uzcátegui apunta que Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, jefe de la Asamblea Nacional, impulsan “una reorganización del aparato estatal basada principalmente en la sustitución de cuadros cercanos a Maduro por funcionarios identificados con su propio entorno político”.

“Más que una alternancia o apertura institucional, el proceso parece reflejar una redistribución interna del poder, en la búsqueda de un nuevo punto de equilibrio tras la salida de Maduro de la coalición dominante”, evalúan los expertos.

En el limbo

El Tribunal Supremo de Justicia y la AN han evitado calificar la falta de Maduro, que de declararse absoluta obligaría a convocar elecciones en un plazo de 30 días. En su lugar, el Poder Judicial creó la figura de la “ausencia forzosa”, no contemplada en la Constitución y de la cual se aferra Delcy Rodríguez para mantenerse en el poder por tiempo indefinido.

“Esta situación ha generado un limbo institucional que afecta la seguridad jurídica, debilita la legitimidad del proceso político y profundiza la desconfianza ciudadana sobre el rumbo de la transición”, expone LabPaz.

Partiendo de este hecho, sostienen que el oficialismo aplica la “suspensión práctica o reinterpretación permanente de la Constitución”, desviación que atentaría contra la posibilidad de una transición democrática.

Los mismos

El análisis resalta que tras la defenestración de Maduro “no se ha producido una depuración institucional real respecto de autoridades señaladas nacional e internacionalmente por presuntas violaciones graves de derechos humanos, corrupción o participación en estructuras represivas”.

Cita el caso del nuevo ministro de Defensa, Gustavo González López, quien dirigió el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), entes involucrados en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas, según distintas organizaciones de DDHH.

Delcy Rodríguez también ratificó en la cartera de Interior a Diosdado Cabello, quien “ha sido señalado en diversos informes y mecanismos internacionales por su presunta participación o responsabilidad política dentro de estructuras asociadas a represión, persecución y restricciones al espacio cívico, y ha sido un importante vocero en la campaña de criminalización contra líderes políticos y sociales”, apunta.

LabPaz reconoce que en estos cinco meses se han dado “señales parciales de apertura”; sin embargo, alerta que el régimen chavista puede estar ensayando un repliegue táctico a la espera de que un eventual debilitamiento de la presión de Estados Unidos le permita retomar el camino del proyecto hegemónico iniciado en 1999.

“Sin garantías institucionales sólidas, cronogramas verificables de cumplimiento, cronograma de elecciones y mecanismos reales de supervisión nacional e internacional, los procesos de negociación y acuerdos pueden derivar en una transición prolongada, parcial o reversible, donde el tiempo funcione como herramienta de recomposición del poder antes que de democratización efectiva”, advierte.