Familiares y activistas denunciaron el deterioro de la salud de más de 60 detenidos en Venezuela

Familiares y activistas de la organización venezolana Surgentes se congregaron frente a la sede del Ministerio Público en Caracas y denunciaron el deterioro en el estado de salud de más de 60 detenidos entre quienes figuran 19 ciudadanos colombianos señalados como integrantes de los llamados “tancol”, un acrónimo acuñado por las autoridades venezolanas para identificar a supuestos “terroristas armados narcotraficantes colombianos”.

La situación cobró notoriedad pública tras la difusión de una lista que incluyó a 17 personas con problemas médicos, varios de ellos graves, según Antonio González Plessmann, miembro de Surgentes que participó en la protesta. Además, indicó que todos los detenidos en esa causa presentaron afecciones de salud y cuadros de ansiedad, además de permanecer en condiciones de reclusión que calificó como inadecuadas. Entre los padecimientos mencionó enfermedades cutáneas y gástricas.

Dentro del grupo de afectados, algunos cumplieron la mayoría de edad en prisión. Solo dos de los 67 registrados por la organización obtuvieron la libertad hasta el momento. Surgentes afirmó que la cifra real de detenidos vinculados a los “tancol” superó los doscientos.

González Plessmann afirmó que las autoridades utilizaron el concepto “tancol” para justificar acciones de seguridad contra cualquier actor armado distinto al Ejército de Liberación Nacional (ELN), con el cual, según su relato, mantuvieron cierta cooperación fronteriza. En ese marco, señaló que se detuvo a una gran cantidad de civiles ajenos a los enfrentamientos armados, en su mayoría personas en situación de pobreza y residentes de zonas fronterizas apartadas.

La visibilidad de los casos aumentó durante el presente año, tras el cambio de contexto político y social en Venezuela atribuido a la captura del exdictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Las familias de los presos optaron por el silencio durante años, motivadas por temor y por la falta de recursos para trasladarse a la capital. Surgentes pidió a las autoridades de Colombia que intervinieran en favor de los ciudadanos retenidos.

La situación de los presos políticos en Venezuela también se reflejó en los datos de ayer del Foro Penal, que reportó 404 personas privadas de libertad por motivos políticos, cinco menos que en el registro anterior. Entre ellas, 39 tenían doble nacionalidad o eran extranjeras. Del total, 369 correspondieron a hombres y 35 a mujeres. La mayoría fue de civiles, aunque 179 integraron cuerpos militares. Según Foro Penal, 167 recibieron condena y 237 aún esperaron sentencia. Desde 2014, la ONG registró más de 19.100 detenciones por causas políticas.

En medio de anuncios oficiales sobre excarcelaciones masivas, familiares y activistas denunciaron incumplimientos. Dos semanas atrás, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó la liberación de 300 personas, mientras que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió alcanzar 500 excarcelaciones. Representantes de los detenidos sostuvieron que muchas de estas medidas no se concretaron.

El reclamo por condiciones dignas y acceso a la justicia cobró fuerza tras reportes de fallecimientos bajo custodia estatal. El caso de Víctor Hugo Quero Navas, comerciante de 50 años, generó indignación entre activistas y familiares.

Quero Navas fue detenido en enero de 2025 por la Dirección General de Contrainteligencia Militar, acusado de terrorismo y conspiración, y permaneció en desaparición forzada hasta que el Ministerio de Servicio Penitenciario notificó su muerte por insuficiencia respiratoria aguda en la cárcel de Rodeo I, en julio de ese año.

En paralelo, Foro Penal informó la liberación de 29 trabajadores de la empresa minera Mibiturven, una corporación mixta entre la estatal Minerven y la firma turca Marilyns Proje Yatirim. Estos empleados permanecieron encarcelados durante más de un año por cargos de tráfico de material estratégico y asociación para delinquir. Durante el proceso judicial, familiares denunciaron irregularidades, como la imposibilidad de nombrar abogados privados y la falta de información sobre el expediente.

A pesar de los anuncios sobre excarcelaciones y amnistías, la cifra de presos políticos en Venezuela se mantuvo prácticamente estable, según Foro Penal, que reiteró denuncias de violaciones a los derechos humanos en el sistema penitenciario. En este contexto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, solicitó la creación de una nueva comisión electoral y la garantía de prensa independiente como condiciones para la celebración de elecciones libres.

Las familias de los presos, junto a organizaciones no gubernamentales, insistieron en la urgencia de medidas humanitarias para los detenidos con problemas de salud y en la necesidad de acelerar procesos judiciales que, en muchos casos, se prolongaron durante años sin sentencia firme.

(Con información de EFE)