
Cuando en Venezuela se habla de “transición a la democracia” y se invocan los principios de justicia y reparación, todo se concentra principalmente en las víctimas de la represión.
Sin embargo, una iniciativa legal del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice), plantea reivindicar los derechos de los ciudadanos que sufrieron el despojo de sus bienes por parte del Estado.
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Con su anteproyecto de Ley Orgánica de Restitución, Devolución de Activos y Garantía de la Propiedad Privada en Venezuela, Cedice expone la necesidad de “restituir los derechos de propiedad que fueron violados por el Estado venezolano, y en segundo lugar, establecer vías concretas para hacer efectiva esa restitución y al mismo tiempo impedir nuevas violaciones a los derechos de propiedad”.

El Observatorio de Derechos de Propiedad de este tanque de pensamiento detectó que solo entre 2005 y 2014 “se cometieron alrededor de 2.740 violaciones a los derechos de propiedad privada, fundamentalmente a través de actos del Ejecutivo nacional como decretos de expropiación, ocupaciones temporales e intervenciones”.
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“Además de las pérdidas materiales y los daños morales ocasionados a las víctimas de estas violaciones, esta política, contraria al Estado de Derecho y a la vigencia del sistema democrático de gobierno, ha generado desconfianza e improductividad en Venezuela, lo que explica la grave disminución y cese de inversiones privadas, nacionales y extranjeras en el país”, sostiene Cedice en la exposición de motivos del texto.
A pagar
El texto consta de seis capítulos y 21 artículos. La disposición número 11 recoge distintas medidas para el restablecimiento y reparación, siendo la primera la “devolución a sus legítimos dueños o sus sucesores de sus bienes de propiedad privada tomados por la fuerza”.
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También contempla “el pago en moneda de circulación nacional, según precio de mercado y hecho el ajuste por inflación respectivo, de reparaciones por daño material y daño moral a los legítimos dueños o a sus sucesores por la pérdida total o parcial de bienes de su propiedad privada tomados por la fuerza”.

Proponen otorgar una exención tributaria por un tiempo determinado “a fin de facilitar la reactivación y el funcionamiento eficiente de las actividades económicas afectadas por el Estado”, así como “el pago mediante adjudicación directa de bonos de deuda pública u otros títulos valores emitidos por la República o propiedad de ésta, en los casos en que solo proceda la reparación dineraria”.
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El capítulo tres del anteproyecto incluye “la recomendación al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, así como a la Contraloría General de la República, de investigar y sancionar a los responsables de las violaciones de los derechos de propiedad privada”.
Siervos
Después del ataque militar ejecutado por Estados Unidos el 3 de enero, que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el gobierno venezolano a cargo de Delcy Rodríguez ha dado un giro en el ámbito económico, promoviendo una apertura al capital privado y organizando eventos donde promueve el emprendimiento.
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A la espera de los resultados que pueda arrojar la estrategia impulsada por Delcy Rodríguez, Cedice señala que el desconocimiento de los derechos de propiedad privada bajo los periodos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro aumentaron la dependencia de los ciudadanos frente al gobierno, reduciéndolos a la condición de “súbditos fieles, obedientes, a los que se les exige actuar como ‘mendigos agradecidos’”.
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