La defensora del Pueblo de Venezuela, Eglée González Lobato, mantuvo un encuentro con familiares de personas detenidas “en el marco de operativos fronterizos” y atendió sus planteamientos sobre las condiciones de reclusión, según comunicó este miércoles la institución.
La Defensoría del Pueblo expresó en X: “Desde la Defensoría del Pueblo, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los DDHH e iniciamos una hoja de ruta para el seguimiento de estos expedientes, garantizando el derecho a la defensa y a la integridad de las personas”.
El organismo difundió varias imágenes de la reunión, donde los familiares exhibieron fotografías de los detenidos con carteles en los que denunciaban los casos como “falsos positivos tancol”.
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Días atrás, un colectivo conformado por familiares de presos políticos pidió la intervención del presidente de Colombia, Gustavo Petro, para obtener la liberación de 16 colombianos encarcelados en Venezuela y acusados de “terrorismo”.
En una carta pública vinculada a la visita de Petro en Caracas, el Comité de Familiares por la Libertad de los Falsos Positivos Tancol —acrónimo usado por las autoridades venezolanas para designar a “terroristas armados narcotraficantes colombianos”— solicitó la intervención “inmediata y directa” del mandatario en respaldo a este grupo.
Desde que asumió su cargo a comienzos de abril, González Lobato ha recibido a diversos sectores, entre ellos representantes sindicales y trabajadores, y asumió el compromiso de recibir e investigar denuncias relacionadas con la persecución política y las condiciones carcelarias en Venezuela.
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La Fiscalía de Venezuela acordó establecer canales de “comunicación directa” con varias ONG
Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Larry Devoe, anunció el establecimiento de canales de “comunicación directa” con varias ONG dedicadas a la defensa de derechos humanos en el país.
“Hice una invitación a estas organizaciones a participar activamente en la Consulta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal”, declaró Devoe en su cuenta de X. A la reunión asistieron representantes de Provea, Civilis, SurGentes y Cecodap, según el fiscal general.
El coordinador general de Provea, Oscar Murillo, explicó en X que en la reunión presentó propuestas para proteger los derechos humanos en el “marco de la actual y compleja coyuntura política y la necesidad de corregir las fallas estructurales que permiten la impunidad y la denegación de justicia en Venezuela”.
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Destacó que para la reconstrucción institucional en Venezuela, los tribunales deben garantizar la recepción de los recursos de habeas corpus, permitir que toda persona detenida designe a su abogado de confianza y “cortar la cadena de abusos y arbitrariedades”.
Murillo concluyó: “Insistimos en que el único camino para el desarrollo sostenible de Venezuela requiere que se escuche a la gente con el foco puesto en el respeto a la Constitución y los derechos humanos”.
Por su lado, el coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani, señaló que hizo énfasis en las “detenciones irregulares, sin orden, sin información y con uso desproporcionado de la fuerza” en el país, así como en las “dilaciones procesales” y la “limitación de contacto con familia y defensa” en casos de arresto.
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Trapani también resaltó: “Insistimos, además, en el uso inadecuado del delito de terrorismo en adolescentes y en la necesidad de aplicar un enfoque de protección: cuando un adolescente aparece vinculado a un acto de esta naturaleza, corresponde analizar si ha sido utilizado, manipulado o engañado por adultos”.
Devoe asumió el cargo de fiscal general el 9 de abril y ha sido objeto de críticas por su desempeño previo ante audiencias internacionales, donde se han denunciado violaciones de derechos humanos en Venezuela.
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