
La ONG venezolana Espacio Público informó que, entre enero y abril de este año, documentó 29 detenciones de periodistas o comunicadores por parte del régimen, lo que representa el 65% de todos los arrestos registrados en 2025, cuando se reportaron 44 casos.
“La mayoría de detenciones fueron de corta duración, efectivamente, pero se dieron en el contexto de movilizaciones de calle, cobertura de manifestaciones”, explicó Marysabel Rodríguez, socióloga y miembro de la organización, durante la presentación del informe anual en Caracas.
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Del total de detenidos, 22 son periodistas, seis son comunicadores particulares (infociudadanos o activistas) y uno es trabajador público. Rodríguez detalló que seis de los arrestados fueron acusados por el delito de incitación al odio y cuatro de ellos detenidos por expresiones publicadas en medios digitales.
En el primer cuatrimestre, Espacio Público registró 91 violaciones a la libertad de expresión, una disminución del 16% respecto al mismo período de 2025. Sin embargo, la integrante de la ONG advirtió que el descenso en la cantidad de denuncias es bajo, pero “la violencia en torno a los casos es mayor”.
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La organización identificó hasta abril patrones de intimidación, censura y hostigamiento judicial, similares a los documentados en 2025.

“En 2026 seguimos viendo procesos judiciales y detenciones (...) qué lo diferencia de 2024, 2025, que en principio pareciera que las detenciones no se extienden tanto en el tiempo. Es decir, volvemos un poco a la lógica de detenciones de corta duración, que si recuerdan fue como iniciaron las limitaciones al trabajo periodístico y al ejercicio en general de la libertad de expresión”, señaló Rodríguez.
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Agregó que la “persecución judicial” persiste y no hay señales de que esta tendencia se revierta, pese a la promulgación de la Ley de Amnistía en febrero y el proceso de excarcelaciones de presos políticos, incluidos periodistas, iniciado en enero.
En Venezuela se registraron 238 violaciones a la libertad de expresión durante el año pasado, según el informe anual de la ONG. Este número representa una reducción del 62% respecto a 2024, cuando se documentaron 619 casos.
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La intimidación fue el tipo de violación más frecuente en 2025, con un 33,1% de los casos, seguida de la censura (26,4%), hostigamiento judicial (14,7%), restricción administrativa (13%), hostigamiento verbal (6,7%) e intimidación física (5,8%).
En cuanto a las víctimas, periodistas y trabajadores de la prensa encabezaron la lista con un 34%, seguidos de particulares (infociudadanos o activistas) (21,7%), medios de comunicación (13,1%), ciudadanía en general (11,6%), páginas o plataformas web (9,3%), camarógrafos (3,8%), ONG (3%), reporteros gráficos (1,5%) y trabajadores públicos (1,5%).
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Entre los responsables de estas violaciones, la ONG identificó a instituciones del Estado (43,6%), cuerpos de seguridad (29,6%), operadoras privadas (15,1%), funcionarios (7,5%), grupos violentos (1,7%) y desconocidos (1%).
“Simplemente el hecho de compartir información de interés público puede ser causa de algún proceso de amenaza, intimidación o de tensión”, señaló Rodríguez durante la presentación del informe.
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El reporte también documentó el cierre de siete emisoras de radio en 2025 en los estados Bolívar, Portuguesa, Lara y Sucre, lo que, según la organización, agrava la situación del ecosistema mediático en el país.
Ante este panorama, el director de Espacio Público, Carlos Correa, exigió la derogación de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, utilizada, según la ONG, para criminalizar de manera sistemática.
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(Con información de EFE)
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