Una cosa es la Puerta del Sol en Madrid y otra muy distinta una oficina pública en Valle de la Pascua, estado Guárico, una calurosa y humilde ciudad enclavada en los llanos venezolanos, a unos 270 kilómetros de Caracas.
El funcionario Juan Luis Guédez está pagando esa diferencia con su libertad. De acuerdo con la ONG Espacio Público, en el escritorio de Guédez en el Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (IPASME), encontraron un escrito que replicaba el grito racista que el cantante Carlos Baute y algunos individuos levantaron en el centro de la capital española el sábado 18 de abril, en el marco de la multitudinaria concentración de venezolanos con María Corina Machado.
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“Fuera mona”, decía el malhadado papel. Una trabajadora de “servicios generales” se percató del detalle y denunció a su colega ante la directora de la institución, que acusó a su subalterno por “incitación al odio”. Acto seguido, policías con armas largas llegaron al despacho y se llevaron a Guédez, en medio de las protestas de sus compañeros que exigían la presencia de un fiscal y reclamaban la libertad del detenido.
Al final, la historia no pasó a mayores, sobre todo si se toma en cuenta que en Venezuela existen alrededor de 500 presos políticos y que ha habido personas condenadas a 15 y 30 años de prisión por un tuit o un audio de Whatsapp. Guédez fue dejado en libertad este domingo 26 de abril, aunque con una medida cautelar de presentación ante tribunales.
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Los empleados del IPASME celebraron su excarcelación, mientras argüían que el polémico escrito no estaba firmado por nadie, razón por la cual estimaban injusto atribuírselo a Guédez. “Reiteramos que la Ley contra el Odio debe ser derogada porque no protege a los ciudadanos, sino que castiga, condena y judicializa”, manifestó Espacio Público.
En la mira
La ONG Derechos Humanos Llanos Venezuela (Fundehullan) dio seguimiento al caso, destacando que el “delito” de Guédez fue “disentir”. “La judicialización de la opinión y el uso de la Ley contra el Odio para perseguir trabajadores vulnera la Constitución”, cuestionó Fundehullan, tras detallar que el funcionario “fue llevado por cuerpos de seguridad sin orden judicial” y después de “ser coaccionado en su trabajo”.
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La mayoría de las organizaciones de la sociedad civil venezolana demandan a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la inmediata derogación de la llamada Ley contra el Odio, aprobada en noviembre de 2017 por una Asamblea Nacional Constituyente que el chavismo instaló para eliminar al Parlamento de mayoría opositora.
“La Ley contra el Odio establece penas de hasta 20 años de prisión por expresiones ambiguamente definidas, sanciones para medios, incluso posibles cierres, generando autocensura sistemática. Decenas de personas han sido detenidas o investigadas por publicaciones, opiniones o comentarios”, señaló recientemente la ONG Transparencia Venezuela, incluyendo este texto en una lista de nueve normas que, a su juicio, deben ser derogadas para facilitar una transición a la democracia en el país.
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Como se sabe, el chavismo no se distingue por su tolerancia. En 2018 encarcelaron a dos bomberos por comparar a Nicolás Maduro con un burro y tras el ataque de Estados Unidos del 3 de enero, otros tantos fueron detenidos bajo la acusación de estar celebrando la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores.
El Colegio Nacional de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y agrupaciones defensoras de la libertad de expresión repetidamente alzan sus voces abogando por la eliminación de un instrumento jurídico que no solo “criminaliza la opinión y la crítica”, sino que plantea la prohibición y anulación de partidos políticos “si sus actividades o discursos son considerados como promoción del odio o la intolerancia”.
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