La compañía estadounidense Chevron suscribió este lunes dos nuevos acuerdos con el régimen venezolano que le permitirán ampliar su participación y presencia en la zona petrolera más importante del país, conocida como la Faja del Orinoco, en medio de la apertura regulatoria que busca atraer capital extranjero al sector energético del país sudamericano.
Los convenios, sellados entre ejecutivos de Chevron y representantes de la estatal PDVSA, permitirán que la empresa estadounidense pase a controlar casi la mitad de la empresa mixta Petroindependencia, un consorcio que opera en la Faja del Orinoco y que ahora verá a Chevron aumentar su participación del 35,8% al 49%.
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Además, la compañía recibió derechos para explotar un área nueva llamada Ayacucho 8, que es uno de los bloques —o zonas delimitadas para la producción— dentro de la vasta extensión petrolera del Orinoco.
En paralelo, Chevron acordó devolver al Estado venezolano su parte en un campo de gas mar adentro y en un pequeño yacimiento de crudo al occidente del país. El acuerdo implica una reestructuración de activos y busca consolidar la concentración de esfuerzos en regiones clave.
Javier La Rosa, presidente de Chevron Base Assets and Emerging Countries, destacó que este entendimiento “consolida el enfoque de todas las partes en activos estratégicos del país” y abre la puerta a un incremento en los niveles de producción.
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El régimen chavista señaló que la alianza permitirá fortalecer la capacidad operativa y tecnológica en la Faja del Orinoco, considerada la principal fuente de hidrocarburos pesados del país.
Actualmente, las empresas mixtas entre Chevron y PDVSA producen cerca de 260.000 barriles diarios, lo que representa aproximadamente una cuarta parte de la producción nacional de crudo. Directivos de la compañía estadounidense han dicho que la meta es incrementar la producción en un 50% en los próximos dos años, aprovechando la flexibilización del marco legal y el clima de mayor apertura a la inversión.
La formalización de estos acuerdos se produce semanas después de la aprobación de una reforma a la ley de hidrocarburos en Venezuela, que habilitó la entrada de capital privado y foráneo en el negocio petrolero y gasífero. El régimen venezolano busca así atraer financiamiento y tecnología internacional para revitalizar un sector que fue nacionalizado en 2007 y que desde entonces ha experimentado una caída sostenida en la producción.
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La ceremonia de firma contó con la presencia de la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu, quien destacó el avance del plan de reconstrucción energética impulsado desde Washington tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro.
“Dimos la bienvenida hoy a Caracas al subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos y Energía Geotérmica, Kyle Haustveit, para sostener reuniones con la Presidenta Interina Delcy Rodríguez y asistir a la ceremonia de firma entre Venezuela y Chevron. Continuamos avanzando en el plan de tres fases de Donald Trump y trabajando por la transformación económica de Venezuela”, expresó Dogu.
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El acuerdo con Chevron se enmarca en el relanzamiento de la relación bilateral en materia energética y forma parte de un paquete de medidas para reactivar el sector tras la caída de la producción y las dificultades financieras de la estatal PDVSA.
Paralelamente, otras petroleras estadounidenses han mostrado interés en regresar al país. En los últimos días, equipos técnicos de ConocoPhillips y ExxonMobil realizaron visitas exploratorias a yacimientos venezolanos para evaluar oportunidades de inversión.
Las compañías, que abandonaron Venezuela tras la nacionalización del sector en 2007, han condicionado su retorno a la estabilidad institucional y a una revisión profunda del marco fiscal y regulatorio.
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ConocoPhillips aún mantiene una disputa con el Estado venezolano por una indemnización de 12.000 millones de dólares derivada de la expropiación de sus activos hace más de una década.
Los directivos de ExxonMobil y ConocoPhillips han insistido en que la plena normalización de las operaciones dependerá de la transición hacia un modelo de gobierno representativo y de la recalibración de las condiciones para la inversión a largo plazo.
(Con información de EFE y Reuters)
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