Juan Pablo Guanipa acusó al nuevo fiscal general de Venezuela de ser “cómplice” del régimen chavista

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, aliado de la Premio Noble de la Paz María Corina Machado, acusó al nuevo fiscal general de Venezuela, Larry Devoe, de ser “cómplice por años” de “todas las atrocidades del chavismo”, régimen liderado por los dictadores Hugo Chávez y, posteriormente, Nicolás Maduro.

Guanipa señaló que en 2014 Devoe fue designado secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, cargo en el que, según el opositor, “ignoró” y se “burló” de “miles de venezolanos que han sido torturados por el chavismo”.

En un video difundido en X, el opositor afirmó que en 2014 y 2017 Devoe tampoco “dijo nada” sobre personas asesinadas durante protestas contra el régimen de Maduro. Además, sostuvo que en 2019 el nuevo fiscal prohibió la “entrada a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)” para evitar informes sobre violaciones a los derechos humanos en el país.

El ex legislador agregó que Devoe no se pronunció tras las presidenciales de 2024, cuestionadas por fraude, y la posterior crisis poselectoral, que —según el propio— dejó “más de 3.000” detenidos, incluidos menores, y “más de 30” muertos.

“Venezuela necesita un fiscal general que ponga la ley primero que la política, no uno que tenga como política destruir la ley (...). Venezuela tiene que pasar, de una buena vez, la nefasta página de una Fiscalía usada para el poder”, expresó Guanipa.

El Parlamento de Venezuela, bajo control del chavismo, designó este jueves a Devoe como fiscal general y a la abogada Eglée González como nueva defensora del pueblo.

Por su parte, tras la sesión, el diputado opositor y dos veces candidato presidencial Henrique Capriles declaró a la prensa que Devoe ha sido abogado del Gobierno y defensor de sus intereses. “Sale un fiscal afecto al Gobierno y entra otro fiscal afecto al Gobierno”, afirmó Capriles.

El partido opositor Primero Justicia sostuvo en X que el país caribeño merece una Fiscalía y una Defensoría orientadas a los derechos humanos y “no al servicio de la camarilla de Delcy Rodríguez”, quien ejerce como presidenta encargada tras la captura de Maduro en Caracas por fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

En marzo, once organizaciones no gubernamentales denunciaron la “ausencia de reglas claras y públicas” en el procedimiento y los criterios de evaluación para la designación de los titulares de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo. El proceso de nombramiento de nuevos funcionarios comenzó tras la renuncia de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, ambos vinculados al chavismo.

La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) cuestionó la independencia de los nuevos titulares de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, Larry Devoe y Eglée González Lobato, y sostuvo que sus designaciones “desdibujan la frontera entre el poder político y la Justicia en Venezuela”.

“Al observar estos nombramientos, queda claro que no se buscó perfiles independientes, sino figuras que han validado la gestión oficial en los momentos más críticos”, manifestó la organización en su cuenta de X.

JEP indicó que resulta difícil que las víctimas confíen en las instituciones cuando el fiscal “ha pasado años frente a la ONU y la CIDH tratando de matizar denuncias graves o negando la existencia de presos políticos bajo argumentos de defensa institucional”.

La ONG denunció que las evaluaciones para los cargos se realizaron “a puerta cerrada”, lo que convierte la participación ciudadana en “un saludo a la bandera” y genera una “sensación de orfandad jurídica” para la población.

“El fiscal debe ser quien controle la acción penal con objetividad y el defensor tiene que ser el primer escudo de los vulnerables. Si ambos están alineados con quien ejerce el poder, el ciudadano pierde su último refugio”, advirtió JEP. La organización concluyó que, con estas designaciones, el sistema “se cierra sobre sí mismo: el Estado investiga sus propios excesos y se absuelve a conveniencia”.

“Sin independencia real ni contrapesos, la justicia deja de ser un derecho para convertirse en una herramienta de gestión política, dejando a la sociedad civil sin espacios donde exigir sus garantías básicas”, sentenció la ONG.

(Con información de EFE)