La Justicia de Venezuela rechazó el beneficio de amnistía para seis dirigentes sindicales, según informó el abogado y activista de la ONG Provea, Eduardo Torres, quien también fue preso político en el país.
“Hoy los tribunales penales le negaron la Amnistía a los 6 sindicalistas condenados a 16 años por defender derechos”, publicó Torres en la red social X, junto a una fotografía con el grupo de trabajadores frente al Palacio de Justicia en Caracas. El activista sumó: “Venezuela exige justicia, libertad y democracia”.
Los sindicalistas Reynaldo Cortés, Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Alonso Meléndez y Néstor Astudillo fueron arrestados entre el 4 y el 7 de julio de 2022 y condenados en agosto de 2023 por los delitos de conspiración y asociación para delinquir, según indicó el entonces fiscal general, Tarek William Saab.
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En diciembre de 2023, los seis dirigentes obtuvieron la excarcelación, dos meses después de la reanudación de negociaciones políticas entre el régimen de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora, proceso que contó con la mediación de Estados Unidos bajo la administración de Joe Biden.
En días recientes, organizaciones denunciaron el rechazo de solicitudes de amnistía, incluidas las de dos periodistas venezolanos.
Consultado sobre estas negativas, el presidente del Parlamento, el oficialista Jorge Rodríguez, señaló que todos “tienen derecho a apelar” ante los tribunales y reiteró que la comisión parlamentaria para el seguimiento de la Ley de Amnistía continuará evaluando casos.
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La Ley de Amnistía, promulgada en febrero, abarca un período de 27 años, desde 1999, fecha de inicio del chavismo en el poder, y establece que solo se otorgará a personas relacionadas con 13 “hechos” ocurridos en 13 años distintos.
Hasta el jueves pasado, el Parlamento reportó 7.727 libertades plenas concedidas en el marco de este proceso: 7.474 personas permanecían bajo medidas cautelares, como prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante tribunales, mientras que otras 253 seguían encarceladas.
La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos, registró 508 personas detenidas en Venezuela hasta el miércoles pasado, aunque el Gobierno sostiene que no existen presos por motivos políticos.
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