Más de 200 presos políticos recluidos en la cárcel El Rodeo I, en las afueras de Caracas, se declararon en huelga de hambre el viernes por la noche para exigir su liberación, tras constatar que la ley de amnistía aprobada el jueves por la Asamblea Nacional los excluye de sus beneficios. Según informaron familiares a la agencia AFP, la protesta involucra tanto a venezolanos como a extranjeros acusados de terrorismo, delito que el nuevo texto legal expresamente no amnistía.
“Aproximadamente 214 en total, entre venezolanos y extranjeros, están en huelga de hambre”, señaló Yalitza García, suegra del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, detenido en ese penal bajo cargos de terrorismo. “Tomaron la decisión de ponerse en huelga de hambre el día viernes, a raíz de los resultados de la ley, donde la gran mayoría no entra en esos beneficios”, añadió Shakira Ibarreto, hija de un policía arrestado en 2024. Las familias aclararon que no todos los internos del penal se sumaron a la protesta.
La ley fue promulgada el jueves bajo el impulso de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero. Washington se llevó a Maduro y a su esposa a Estados Unidos para ser juzgados por cargos de narcotráfico, y desde entonces Rodríguez gobierna bajo una presión creciente de la administración de Donald Trump para avanzar en reformas políticas y liberar a los detenidos que organizaciones humanitarias consideran presos políticos.
El texto aprobado por unanimidad en el Parlamento chavista contempla la amnistía para personas procesadas por hechos ocurridos durante trece coyunturas de crisis política entre 2002 y 2025. Sin embargo, excluye explícitamente a quienes fueron acusados de promover o facilitar acciones armadas contra la soberanía venezolana por parte de actores extranjeros, así como a los miembros de las fuerzas de seguridad condenados por actividades relacionadas con el terrorismo. Son precisamente esas figuras penales las más frecuentes en El Rodeo I, un penal donde Foro Penal estima que unos 120 detenidos están vinculados a causas militares.
La organización, que lleva años documentando la represión política en Venezuela, calificó las exclusiones de “discriminatorias e inconstitucionales”. “No puede hablarse de convivencia nacional mientras se excluye a un sector tan importante de la sociedad como el militar y a sus familias”, afirmó su presidente, Alfredo Romero. Foro Penal calcula que al menos 400 presos políticos podrían quedar fuera del alcance de la amnistía, y ya presentó a la comisión parlamentaria una lista de 232 casos para su revisión.
La confusión sobre el ritmo real de las excarcelaciones agrava la tensión. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, afirmó que el sábado se produjeron “cientos de liberaciones” derivadas de la amnistía y fijó las primeras en los calabozos de Zona 7 y El Helicoide en Caracas. Sin embargo, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal alianza opositora, confirmó haber verificado solo 19 excarcelaciones en las primeras 48 horas tras la aprobación de la ley. La PUD sostuvo que desde el inicio del proceso de liberaciones el 8 de enero se han producido 494 excarcelaciones en total, y exigió “voluntad política” para liberar a los más de 600 presos políticos que, según sus cifras y las de Foro Penal, permanecen en prisión.
La ley de amnistía excluye además a la líder opositora María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, a quien el régimen acusa de promover acciones armadas contra Venezuela. Machado ha expresado su intención de regresar a Venezuela, aunque su situación legal permanece indefinida bajo el nuevo marco normativo. Rodríguez le ha aplicado directamente las cláusulas de exclusión del texto legal, lo que compromete cualquier proceso de reconciliación política amplia.
Desde el 8 de enero, familiares de detenidos acampan frente a distintos penales del país para exigir mayor celeridad en las excarcelaciones. La huelga de hambre en El Rodeo I, donde el acceso permanece restringido y las autoridades no han ofrecido información oficial, evidencia que la ley, pese a su alcance histórico —más de 1.500 solicitudes de amnistía fueron presentadas según el Parlamento—, deja pendiente una resolución para centenares de detenidos cuya situación judicial no encaja en los perímetros que el chavismo estuvo dispuesto a negociar bajo presión exterior.
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