El régimen venezolano reafirmó este jueves su determinación de resolver mediante negociación directa la disputa por el Esequibo, un territorio de aproximadamente 160.000 kilómetros cuadrados que administra Guyana desde hace más de un siglo y que Caracas reclama como propio. En un acto conmemorativo del 60 aniversario del Acuerdo de Ginebra, el chavismo insistió en que será “paciente, constante y firme” en la defensa de lo que considera sus derechos históricos sobre la región.
El canciller venezolano, Yván Gil, expresó su esperanza de que ambos países vuelvan a reunirse presencialmente “para, de una vez por todas, dar solución a esta controversia”. Durante su intervención, Gil describió el Acuerdo de Ginebra como “el único instrumento jurídicamente vinculante y válido” para resolver el conflicto territorial, firmado el 17 de febrero de 1966 entre Venezuela, Reino Unido y la entonces Guayana Británica, tres meses antes de la independencia de Guyana.
El ministro reiteró categóricamente que Venezuela “no ha dado consentimiento” a la Corte Internacional de Justicia para dirimir la controversia, por lo que considera que “su aplicación es inválida”. Esta posición representa un rechazo frontal a la jurisdicción del máximo tribunal de Naciones Unidas, que en diciembre de 2023 dictó medidas provisionales ordenando a Caracas abstenerse de modificar el statu quo en el territorio disputado.
La declaración del canciller Gil se produce en un contexto político inédito para Venezuela. Gil reafirmó la voluntad de la nueva administración de “seguir avanzando por la vía del entendimiento directo entre las partes”, descartando la participación de “ninguna tercera parte, ninguna corte, ningún arbitraje”.
El martes, el régimen venezolano había propuesto formalmente a Guyana “entablar definitivamente una negociación de buena fe”, argumentando que el Acuerdo de Ginebra “sepultó la discusión sobre la validez o invalidez del Laudo Arbitral de 1899” y estableció la obligación de ambas naciones de alcanzar “un arreglo práctico y mutuamente aceptable”. Venezuela considera nulo ese laudo, que en 1899 otorgó el territorio a la entonces colonia británica, alegando vicios procedimentales y fraude en el arbitraje.
La respuesta de Georgetown fue inmediata y contundente. El miércoles, el Ministerio de Asuntos Exteriores guyanés aseguró que su país continuará “defendiendo su soberanía e integridad territorial por medios legítimos y pacíficos” y reafirmó su confianza en la Corte Internacional de Justicia como instancia apropiada para resolver la controversia. El comunicado exhortó a Venezuela a renovar su compromiso con el derecho internacional, respetar el proceso judicial en curso y “abstenerse de realizar acciones o declaraciones que puedan socavar la paz y la estabilidad en la región”.
Caracas calificó la postura guyanesa como un intento “desesperado e irresponsable” de desvirtuar sus obligaciones bajo el Acuerdo de Ginebra. El cruce de declaraciones evidencia posiciones irreconciliables: mientras Venezuela apuesta exclusivamente por la negociación bilateral, Guyana confía en la vía judicial internacional.
El último encuentro presencial entre ambas partes tuvo lugar en diciembre de 2023, cuando Maduro y el presidente guyanés, Irfaan Ali, se reunieron en San Vicente y las Granadinas tras una escalada de tensiones provocada por un referéndum venezolano sobre el Esequibo. En aquella ocasión, ambos países acordaron no amenazarse ni usar la fuerza en circunstancia alguna, compromiso que han mantenido formalmente pese al endurecimiento retórico.
La disputa centenaria se intensificó en 2015, tras el descubrimiento de importantes yacimientos petroleros en aguas adyacentes al Esequibo por parte de la compañía estadounidense ExxonMobil. Desde entonces, Venezuela ha denunciado que Guyana otorga concesiones de exploración en áreas marítimas pendientes de delimitación, mientras Georgetown defiende su derecho soberano a explotar recursos en su territorio reconocido internacionalmente.
La Corte Internacional de Justicia se declaró competente en 2020 para examinar el caso, iniciado por demanda unilateral de Guyana en 2018. Según informaciones recientes, las audiencias orales de la fase de fondo del proceso judicial iniciarían en mayo de 2026, lo que podría derivar en una sentencia vinculante que Venezuela ya ha anticipado que no acatará.
Últimas Noticias
Encierro de hasta 23 horas, sin contacto y bajo vigilancia extrema: la realidad carcelaria de Nicolás Maduro en Nueva York
La comida no llega a una mesa. Se pasa por una ranura en la puerta. No hay comedor, no hay contacto con otros detenidos. El intercambio humano es prácticamente nulo en el Metropolitan Detention Center
Foro Penal denunció que tribunales en Venezuela se niegan a entregar constancias sobre rechazos a solicitudes de amnistía
La organización defensora de los derechos humanos reportó que la falta de documentación oficial obstaculiza la posibilidad de apelar decisiones desfavorables para los detenidos
Delcy Rodríguez destituyó al embajador venezolano ante la ONU que respondía a Nicolás Maduro
La presidenta encargada de Venezuela informó que el antiguo representante será asignado a otros cargos en el ámbito internacional y que una nueva figura diplomática asumirá la misión en el organismo mundial
Estados Unidos lleva inversores a Caracas por primera vez desde el restablecimiento diplomático
La encargada de negocios Laura Dogu reunió a una delegación de empresas estadounidenses para explorar oportunidades en Venezuela, en una jornada que coincidió con la ofensiva inversora de Rodríguez ante el foro FII Priority en Miami
Delcy Rodríguez apuesta por inversiones extranjeras ante un foro de Miami con promesas de crecimiento y un marco legal reformado
La líder del régimen chavista presentó en el FII Priority Summit el nuevo régimen petrolero venezolano, aprobado en enero, que rompe con 50 años de monopolio estatal. Las sanciones de Washington siguen vigentes y condicionan el alcance real de cualquier apertura
