Las autoridades venezolanas otorgaron amnistía a 379 presos políticos, según informó el viernes el diputado oficialista Jorge Arreaza, encargado de supervisar el proceso tras la promulgación de la nueva Ley de Amnistía aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional luego del derrocamiento de Nicolás Maduro.
Arreaza indicó en una entrevista televisada que las solicitudes para conceder medidas de amnistía ya fueron presentadas por el Ministerio Público a los tribunales competentes y que las excarcelaciones (371 presos en Caracas; 5 en Barinas; 2 en Portuguesa y 1 en Monagas) deben concretarse “entre esta noche (viernes) y mañana por la mañana (sábado)”.
Familiares de presos políticos continúan frente a cárceles y centros de tortura del país a la espera de la posible excarcelación de sus allegados. La transición venezolana, liderada en Caracas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez ya había concedido libertad condicional a cientos de personas tras la operación estadounidense que resultó en la captura de Maduro.
La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos en Venezuela, informó previamente que alrededor de 600 personas permanecían detenidas por motivos políticos.
El director de la organización, Alfredo Romero, advirtió que la aplicación de la amnistía “no es automática” y depende de un proceso judicial en tribunales considerados por muchos como un brazo represivo del régimen.
Cabe mencionar que la Asamblea Nacional venezolana formalizó este viernes la instalación de una comisión especial encargada de supervisar la aplicación de la Ley de Amnistía.
La comisión está presidida por Arreaza y cuenta con la opositora Nora Bracho en la vicepresidencia, y tendrá la facultad de revisar casos no contemplados inicialmente en la normativa.
En su primer día de funcionamiento, la comisión se declaró en sesión permanente e inició contactos con el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia y la Defensoría Pública para evitar demoras en la tramitación de las solicitudes. Delcy Rodríguez exigió celeridad para revisar los casos “no contemplados”, y la comisión asumió el compromiso de vigilar que se cumpla el plazo de quince días para responder cada petición de amnistía.
Arreaza explicó que el mecanismo de seguimiento trabajará por áreas específicas y con un enfoque pedagógico para facilitar la comprensión ciudadana del proceso. Además, aclaró que la comisión no actúa como una instancia paralela a la justicia, sino como un órgano de control político encargado de garantizar la rapidez en todos los procedimientos.
Foro Penal también anunció que presentará ante el Parlamento una lista con 232 casos de personas detenidas por motivos políticos para que sean contempladas en la reciente Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional.
El objetivo de la iniciativa es evitar que personas que han sufrido vulneraciones de derechos humanos queden excluidas de los beneficios legales tras el cambio de gobierno. El director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó que el documento será entregado a la comisión de seguimiento del Parlamento en cuanto la ley sea publicada en la Gaceta Oficial.
La ley establece que el período cubierto por la amnistía abarca desde 1999 hasta 2026, aunque enumera 13 coyunturas políticas que comienzan en 2002, lo que deja fuera detenciones ocurridas en al menos quince de los últimos 27 años, así como todos los casos relacionados con operaciones militares. La propia norma prevé que la comisión pueda recomendar a otros organismos estatales la adopción de medidas alternativas en los casos que analice.
En los últimos años, miles de venezolanos fueron encarcelados bajo acusaciones de conspirar para derrocar a la dictadura de Maduro.
Tras asumir el poder con el aval de Estados Unidos, Rodríguez siguió políticas alineadas con Washington, que actualmente controla las ventas de petróleo venezolano. El presidente estadounidense Donald Trump prometió que parte de las ganancias generadas por estas ventas será destinada a Estados Unidos.
(Con información de AFP)
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