La Asamblea Nacional de Venezuela formalizó este viernes la instalación de una comisión especial encargada de supervisar la aplicación de la Ley de Amnistía para presos políticos, aprobada por unanimidad el jueves y promulgada de inmediato por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Esta comisión, presidida por el diputado oficialista Jorge Arreaza y con la opositora Nora Bracho en la vicepresidencia, tendrá la facultad de revisar casos no contemplados inicialmente en la normativa.
La ley establece que el período de amnistía cubre desde 1999 hasta 2026, aunque enumera 13 coyunturas políticas que inician en 2002, lo que deja fuera detenciones ocurridas en al menos quince de los últimos 27 años, así como todos los casos vinculados con operaciones militares. Según la propia normativa, la comisión podrá recomendar a otros organismos estatales la adopción de medidas alternativas en los casos que analice.
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En su primer día de funcionamiento, la comisión se declaró en sesión permanente e inició contactos con el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia y la Defensoría Pública para evitar demoras en la tramitación de las solicitudes. La presidenta encargada Rodríguez exigió celeridad para revisar los casos “no contemplados” y la comisión asumió el compromiso de vigilar que se cumpla el plazo de quince días para responder cada petición de amnistía.
El diputado Arreaza explicó que el mecanismo de seguimiento trabajará por áreas específicas y con un enfoque pedagógico para facilitar la comprensión ciudadana del proceso. También aclaró que la comisión no actúa como instancia paralela a la justicia, sino como órgano de control político para garantizar la rapidez en todos los procedimientos. Por su parte, Bracho destacó que han recibido información detallada de familiares y personas afectadas, y que cuentan con documentación para respaldar las solicitudes.
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La ONG Foro Penal, que encabeza la defensa de los presos políticos en el país, anunció la entrega a la comisión de una lista con 232 casos para ser incluidos en la amnistía. Entre ellos figuran personas con más de dos años de prisión preventiva, mayores de setenta años y personas con problemas de salud. Foro Penal ha denunciado que el verdadero alcance temporal de la ley corresponde a apenas veinte meses, pese a que el texto oficial abarca en teoría veintisiete años.
La ley obliga a los beneficiarios a presentarse ante las autoridades, aunque permite que quienes se encuentren en el exilio sean representados por abogados de su elección mientras se tramitan sus solicitudes. Durante este proceso, la normativa prohíbe la detención de los solicitantes. La comisión instruirá a familiares y defensores sobre los pasos a seguir, puntualizando que la solicitud debe presentarse ante el tribunal que lleva la causa.
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El apoyo institucional a la ley quedó patente con el respaldo público de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que calificó el instrumento como un paso trascendental hacia la estabilidad del país. No obstante, la legislación excluye expresamente los casos relacionados con personal militar, aunque Arreaza señaló que la jurisdicción castrense evaluará y otorgará eventuales beneficios conforme corresponda.
La comisión está compuesta por veintitrés diputados —trece de ellos del oficialismo— y mantendrá reuniones inmediatas para tramitar los primeros pedidos, incluyendo los que presentará Foro Penal en los próximos días.
(Con información de EFE, Europa Press y AFP)
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