El Parlamento de Venezuela aprobó este jueves por unanimidad una ley de amnistía que permitirá la excarcelación de cientos de personas privadas de libertad por causas vinculadas a conflictos políticos.
La iniciativa fue sancionada tras varias semanas de discusión parlamentaria y se espera que sea promulgada en las próximas horas por Delcy Rodríguez.
La nueva ley establece un marco general para conceder una amnistía plena a ciudadanos procesados o condenados por hechos relacionados con confrontaciones políticas ocurridas desde 1999, incluyendo episodios de violencia, protestas, manifestaciones y actuaciones asociadas a procesos electorales.
El texto aprobado habilita la revisión inmediata de expedientes de dirigentes opositores, activistas sociales, abogados defensores, periodistas y otros ciudadanos que fueron detenidos durante distintos ciclos de conflictividad.
De acuerdo con el texto aprobado, la amnistía excluye a quienes “se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras”.
La aprobación se produce semanas después de la captura del narcodictador Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense realizado en Caracas, un hecho que aceleró una serie de cambios políticos y normativos en el país, incluida la apertura de un proceso de excarcelaciones previas a la sanción de la ley.
Según el texto definitivo, la amnistía se aplicará a personas investigadas o condenadas por delitos o faltas cometidas en contextos de confrontación política, social o institucional, incluidos los hechos derivados de las protestas posteriores a las elecciones presidenciales de 2024, cuando se produjeron detenciones masivas en todo el país, entre ellas de menores de edad.
La ley “no es perfecta, pero sin duda es un gran avance para la reconciliación de Venezuela. Sin duda mitigará el sufrimiento de muchos venezolanos, de muchas familias que a pesar de no estar presas, también están sometidas al sufrimiento de la prisión de sus seres queridos”, dijo la diputada opositora Nora Bracho.
Durante la etapa final del debate, uno de los puntos centrales fue la situación de quienes abandonaron el país o permanecen en la clandestinidad para evitar su detención. Legisladores oficialistas insistieron en que esos ciudadanos deben presentarse ante la justicia para acceder al beneficio.
El texto aprobado no modifica formalmente las normas penales, pero crea un mecanismo extraordinario para extinguir la acción penal y las condenas en los casos que se ajusten a los supuestos definidos por la ley.
El alcance exacto de la medida dependerá ahora de los procedimientos administrativos y judiciales que deberán activarse para revisar cada expediente.
La aprobación unánime representa un quiebre con la posición histórica del régimen chavista, que durante años sostuvo que en el país no existían presos políticos. Con la nueva norma, la cúpula gobernante admite que una parte significativa de las detenciones estuvo vinculada a motivaciones políticas y a conflictos de poder.
Organizaciones de derechos humanos han seguido de cerca el proceso. El director vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, había advertido días antes del cierre del debate que el Parlamento tenía la posibilidad de demostrar si existía un compromiso real con la reconciliación nacional.
En un mensaje difundido en redes sociales, señaló que el proceso debía orientarse desde el respeto a los derechos humanos y con garantías efectivas para las víctimas de detenciones arbitrarias.
De acuerdo con los registros de Foro Penal, más de 600 personas permanecían privadas de libertad por razones políticas antes de la votación de este jueves. Tras la captura de Maduro, el nuevo régimen anunció un plan de liberaciones progresivas y confirmó la excarcelación de 448 detenidos. Sin embargo, la mayoría de esas personas recibió medidas de libertad condicionada, lo que generó reclamos de familiares y activistas que exigían una liberación definitiva.
En las últimas semanas, familiares de detenidos instalaron campamentos frente a distintos centros de reclusión para reclamar la aplicación inmediata de la amnistía. Un grupo de mujeres inició además una huelga de hambre para exigir la liberación de sus parientes, argumentando que muchos de ellos permanecen detenidos sin sentencia firme.
El debate parlamentario que culminó este jueves estuvo marcado por negociaciones de último momento para destrabar artículos sensibles relacionados con los requisitos de acceso al beneficio, los plazos de implementación y el alcance de los hechos comprendidos por la norma.
Con la aprobación por unanimidad, el Parlamento dio luz verde a una de las reformas más significativas en materia de derechos civiles de los últimos años en Venezuela. El régimen interino deberá ahora reglamentar la ley y poner en marcha los mecanismos necesarios para materializar las excarcelaciones y el cierre definitivo de los procesos judiciales alcanzados por la amnistía.
(Con información de AFP y The Associated Press)
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