La Asamblea Nacional de Venezuela suspendió la sesión prevista para este martes en la que se esperaba la aprobación definitiva de la ley de amnistía, norma que el régimen de Delcy Rodríguez había prometido como el paso clave para la excarcelación masiva de presos políticos en el país.
El proyecto de ley de amnistía había superado la semana pasada el primero de los dos debates reglamentarios en el Parlamento. La aprobación final estaba agendada para este martes, pero la Secretaría del Legislativo informó la suspensión de la sesión y confirmó que el parlamento sí sesionará el jueves, aunque sin adelantar cuál será la agenda.
La postergación ocurre en medio de expectativas sociales y presiones internacionales, sobre todo desde Estados Unidos, que exige la liberación total de detenidos por motivos políticos como condición para avanzar en nuevas negociaciones.
El titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, había asegurado el viernes que, una vez sancionada la ley, “ese mismo día salen todos”, en referencia a los presos políticos.
La promesa fue realizada ante familiares de detenidos que esperaban la aprobación de la norma fuera de los calabozos de la Policía Nacional en Caracas. La ley abarca casos ocurridos a lo largo de casi 30 años de gobiernos chavistas y fue presentada como una medida de reconciliación nacional tras la captura del dictador narco Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero.
La chavista Delcy Rodríguez, en una alocución televisada este lunes, insistió en la necesidad de “sumar a todos los sectores del país” en el proceso de consulta del proyecto legal. El texto ha sido revisado por representantes políticos, juristas y miembros del sistema judicial, en un intento de ampliar su legitimidad y responder a los reclamos de víctimas y organizaciones civiles.
Según el Foro Penal, desde el anuncio del proceso de liberaciones el pasado 8 de enero, un total de 426 personas detenidas por razones políticas han sido excarceladas. Sin embargo, la organización y otros sectores de la sociedad civil advierten que la cifra es insuficiente y reclaman garantías para la aplicación efectiva de la ley una vez que sea aprobada.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) aprovechó el aplazamiento para reiterar su demanda de que la ley de amnistía reconozca explícitamente la persecución contra periodistas y garantice que nunca más se utilice el derecho penal para criminalizar el ejercicio del periodismo.
Marco Ruiz, secretario general del sindicato, afirmó que el gremio presentó al Parlamento un proyecto que reconoce la persecución judicial, digital y física sufrida por los trabajadores de la prensa en los últimos años.
Ruiz señaló que, actualmente, hay 59 periodistas judicializados en Venezuela, incluidos cuatro aún en prisión y dos en arresto domiciliario, además de al menos 20 comunicadores exiliados por temor a represalias.
La iniciativa sindical incluye también la protección ante delitos “fabricados” y pide que la amnistía cubra a quienes hayan sido perseguidos por ejercer la libertad de expresión. El gremio advirtió que existen numerosos casos de periodistas que han abandonado el país o han visto sus pasaportes anulados, sin notificación de procesos judiciales en su contra.
La suspensión de la sesión parlamentaria mantiene la incertidumbre sobre el futuro inmediato de los presos políticos y sobre la respuesta del régimen interino ante la presión local e internacional. El oficialismo convocó para el jueves una marcha para conmemorar el Día de la Juventud, mientras crecen las expectativas sobre el avance de la ley y su aplicación real.
El proceso de consultas y el debate en torno a la amnistía se han convertido en un espacio de confrontación entre el chavismo, la oposición y organizaciones sociales, que insisten en la necesidad de ampliar el alcance de la norma y garantizar su cumplimiento.
(Con información de AFP)
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