Las operaciones de EEUU contra el narco reavivaron la extorsión del ELN a los ganaderos en la frontera entre Colombia y Venezuela

Las recientes operaciones antinarcóticas lanzadas por Estados Unidos en el Caribe, desde el año pasado, han tenido un impacto directo en las finanzas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la zona Sur del Lago, estado Zulia. Este golpe a las rutas del narcotráfico ha obligado a la guerrilla a reactivar el cobro de “vacunas”, una modalidad de extorsión que recae sobre los productores de la región.

En territorio venezolano, miembros del ELN, uniformados y armados, han incrementado su presencia en las haciendas ganaderas. Según denuncias, los guerrilleros visitan las propiedades sin previo aviso y exigen pagos bajo el eufemismo de “colaboración”, dejando claro que la negativa traería represalias tanto para los productores como para sus familias.

La situación se agravó la semana pasada, cuando los elenos o “botas de caucho” como se identifica a los guerrilleros en la frontera venezolana, comenzaron a contabilizar el ganado en las fincas, advirtiendo que el monto de la extorsión estará ahora vinculado al número de reses que posea cada propietario, estableciendo así una cuota proporcional obligatoria.

Productores afectados relataron a Infobae que, antes del auge del narcotráfico y la proliferación de pistas clandestinas en la frontera, el cobro de la “vacuna” ya era común de la guerrilla. Sin embargo, el fortalecimiento de las rutas de la droga había desplazado esa fuente de ingresos, hasta ahora.

En el estado Zulia, y especialmente en el Sur del Lago, la presencia de grupos armados irregulares es notoria. Si bien existen disidencias de las Fuerzas Armadas Revlucionarias de Colombia (FARC), es el ELN quien domina un amplio corredor que se extiende desde el Km 40 hasta el área de El Catatumbo.

El ELN ha logrado una profunda inserción en la vida cotidiana de las comunidades ubicadas en sus zonas de influencia, como el Sur del Lago. Diversas organizaciones y gremios coinciden en que la guerrilla participa activamente en actividades sociales y en el funcionamiento diario de estos poblados.

Esta situación de indefensión se agrava ante la ausencia de protección por parte de la Fuerza Armada, que en ocasiones es señalada por su presunta connivencia con los irregulares.

Las consecuencias han sido trágicas: a lo largo de los años, varios hacendados han perdido la vida, como ocurrió con Gaspar Enrique Rincón Urdaneta, productor agropecuario asesinado el 16 de noviembre de 2015 en San José de Perijá. En esa región, la proliferación de pistas de aterrizaje clandestinas evidencia la compleja convivencia entre la economía rural y el accionar de los grupos armados.

Un escenario transformado

Esta presencia extendida ha favorecido que muchos de sus integrantes provengan precisamente de esas mismas comunidades. Los jóvenes son reclutados directamente de los hogares locales, en un contexto marcado por el deterioro económico que el régimen venezolano ha sostenido durante más de una década y que deja a numerosas familias vulnerables ante estos grupos armados.

El fenómeno de la extorsión ejercida por grupos guerrilleros en zonas rurales de Venezuela no solo genera temor e incertidumbre entre los productores agropecuarios, sino que repercute directamente en el bolsillo de los consumidores. El sobreprecio que deben pagar los agricultores a los grupos armados termina trasladándose al costo final de los alimentos. “Ningún productor refleja en sus libros de costos el tributo impuesto por los insurgentes bajo el eufemismo de ‘colaboración’, pero es una realidad palpable”, reconocen fuentes del sector.

Testimonios de vecinos de la frontera revelan que el ELN ejercía funciones de seguridad para el transporte de drogas en varios municipios zulianos, escoltando cargamentos, desde los centros de producción hasta su destino final, en embarcaciones que cruzan distintos puntos del mar Caribe.

“La guerrilla obtenía beneficios considerables, lo que les permitió no solo sostenerse, sino reclutar más combatientes y adquirir armamento y propiedades. Durante años, ese sistema funcionó bajo la sombra de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro”, relató un productor afectado.

Todo cambió el 14 de agosto de 2025, cuando Estados Unidos inició la Operación Lanza del Sur, desplazándose con fuerzas aeronavales hacia el Caribe. Esta ofensiva logró desarticular parte de la red de narcotráfico que operaba en el Sur del Lago de Maracaibo, así como en La Guajira y las islas del municipio Insular Padilla.

Los carteles sintieron la presión militar tras el primer ataque a una narcolancha, un hecho divulgado el 2 de septiembre de 2025 por el presidente Donald Trump. Según reportes del Pentágono, hasta la fecha, se han registrado 37 bombardeos y al menos 128 personas entre muertos y desaparecidos como resultado de estas acciones.

Aunque funcionarios de Estados Unidos han señalado a los miembros del llamado Cártel de los Soles, así como a la megabanda Tren de Aragua, también mencionan al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Y se ha ejecutado por lo menos un ataque terrestre en la zona fronteriza de la Guajira.

La FANB no es suficiente

Como las acciones de EEUU en el Caribe han impactado significativamente el negocio del narcotráfico, provocaron una notable disminución en los ingresos de la guerrilla del ELN. Ante este panorama, la organización ha optado por retomar la extorsión, imponiendo el cobro de la conocida “vacuna” a ganaderos de la región, aunque esta modalidad no resulte tan lucrativa como el tráfico de drogas.

Actualmente, el ELN mantiene una presencia activa en al menos cinco municipios del estado Zulia, desde el kilómetro 40, en Lossada, pasando por La Cañada de Urdaneta, La Villa del Rosario, Machiques y extendiéndose hasta el Catatumbo.

Los habitantes relatan que los guerrilleros portan uniformes similares a los militares, pero con brazaletes distintivos, botas de caucho y armas largas, lo que genera temor y tensión entre la población.

En los últimos años, la organización ha experimentado un crecimiento significativo, destacándose la incorporación de combatientes venezolanos, quienes representan aproximadamente el 70% de las filas del ELN en el estado Zulia, mientras que el restante 30% corresponde a colombianos.

Dentro de sus filas, se observa la presencia de indígenas y habitantes de municipios del Sur del Lago, provenientes tanto de Zulia como de Táchira; muchos de ellos residían en comunidades desatendidas y ahora forman parte de este grupo armado, considerado uno de los más grandes y organizados de la región.

El método de operación incluye la ocupación de áreas estratégicas en fincas, como potreros y vaqueras, donde los ganaderos se ven obligados a ceder ante la presión de hombres armados que exigen pagos bajo la figura de “colaboración”.

Si bien el tono inicial suele ser menos hostil, la sola presencia de los guerrilleros es suficiente para intimidar y forzar el pago por miedo a represalias. En otros casos, la exigencia de la “vacuna” viene acompañada de amenazas directas, intensificando el clima de inseguridad.

La limitada vigilancia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) agrava la situación. Aunque existen puntos de control militar en vías principales como la Troncal 6, Machiques-Colón y la Troncal del Caribe en La Guajira, los efectivos no ingresan a los caseríos y zonas rurales donde los guerrilleros del ELN establecen sus bases y continúan con las actividades de extorsión, dejando a los productores agropecuarios en estado de vulnerabilidad.