La encargada de negocios de EEUU en Caracas se reunió con representantes de la petrolera Chevron

Laura Dogu mantuvo un encuentro con la única petrolera estadounidense que mantiene operaciones en Venezuela

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La encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu
La encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu

La encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu, anunció que trató la recuperación económica venezolana en una reunión con el equipo de Chevron, poco después de su llegada al país.

En la cuenta de X de la embajada, Dogu señaló que la economía fue “el tema central” del encuentro con Chevron, la única petrolera estadounidense que mantiene operaciones en Venezuela gracias a una licencia otorgada por la OFAC del Departamento del Tesoro de EEUU para importar crudo.

“Mi equipo y yo seguimos enfocados en el trabajo que tenemos por delante: hacer realidad la visión del presidente Trump para la recuperación de la economía venezolana”, afirmó Dogu.

Aseguró que buscan “garantizar el retorno de la prosperidad” a Venezuela y que este proceso, como ha mencionado, debe beneficiar a la población de ambos países.

Dogu llegó a Caracas el sábado pasado con el objetivo de reabrir la misión diplomática estadounidense, en el contexto de acercamientos bilaterales tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses durante un ataque militar el 3 de enero.

Fotografía difundida por el Palacio de Miraflores de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reunida con la encargada de negocios de EEUU en Venezuela, Laura Dogu, en Caracas (EFE/Palacio de Miraflores)
Fotografía difundida por el Palacio de Miraflores de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reunida con la encargada de negocios de EEUU en Venezuela, Laura Dogu, en Caracas (EFE/Palacio de Miraflores)

El lunes, Dogu se reunió en el palacio de Miraflores con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Durante el encuentro, reiteró las tres fases propuestas por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio: estabilización, recuperación y transición democrática.

El 9 de enero, el gobierno interino liderado por Rodríguez comunicó el inicio de un “proceso exploratorio de carácter diplomático” con Estados Unidos, dirigido a restablecer las misiones diplomáticas y a tratar las consecuencias del que califican como “secuestro” de Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores.

Como parte de estas medidas, el 29 de enero el Parlamento venezolano, con mayoría chavista, aprobó por unanimidad la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Ese mismo día, el Departamento del Tesoro de EEUU emitió una licencia general que autoriza ciertas transacciones con el petróleo venezolano. Esta decisión marcó un cambio respecto a la política de Donald Trump, quien impuso sanciones a PDVSA en 2019 durante su primera administración.

Estudiantes universitarios se manifiestan para exigir la liberación de presos políticos en Caracas, Venezuela, el martes 3 de febrero de 2026 (Foto AP/Ariana Cubillos)
Estudiantes universitarios se manifiestan para exigir la liberación de presos políticos en Caracas, Venezuela, el martes 3 de febrero de 2026 (Foto AP/Ariana Cubillos)

La oposición dijo que el proyecto de amnistía presenta “omisiones graves”

En otro orden, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora de Venezuela, cuestionó este viernes las “omisiones graves” y exclusiones presentes en el proyecto de ley de amnistía general impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y aprobado en primera discusión por el Parlamento.

El bloque advirtió que el texto contiene “omisiones graves”, como la exclusión de “amplios grupos de presos políticos civiles y militares” y de períodos históricos relevantes que no están contemplados en la ley.

La organización también señaló, en un comunicado difundido a través de la red social X, que el proyecto no deroga normas como la Ley contra el Odio o la Ley Simón Bolívar, que considera parte del “marco legal represivo” del país.

Además, criticó que el proyecto no garantiza el “retorno seguro” de exiliados ni levanta las inhabilitaciones políticas a dirigentes opositores al ex dictador Nicolás Maduro.

Por otra parte, la PUD expresó su preocupación porque la aplicación de la amnistía quede en manos del Ministerio Público y el sistema de justicia actual, a los que acusa de ser “instrumentos de la persecución política”.

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