Jorge Rodríguez anunció una reforma al Código Electoral de Venezuela para eliminar “trabas burocráticas”

La propuesta fue presentada por el titular de la Asamblea Nacional chavista, quien sugirió revisar los requisitos para partidos y la conformación del ente comicial

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El titular de la Asamblea Nacional de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, anunció este martes la intención de impulsar un nuevo Código Electoral que, según dijo, pretende simplificar los trámites administrativos y eliminar “trabas burocráticas” en la participación política.

“A veces son engorrosas en los elementos de participación política. Que si un partido político, que entonces no sé cuántas firmas, sellos… que establece elementos de discrecionalidad”, declaró Rodríguez durante una sesión de la Comisión Consultiva del Parlamento.

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El dirigente chavista dijo que, aunque las leyes electorales vigentes son “avanzadas y completas”, su aplicación se ha vuelto compleja y, en ocasiones, difícil de ejecutar en la práctica.

Rodríguez alegó que el nuevo instrumento legal debería revisar tanto los requisitos para el registro de partidos como los procedimientos para conformar el Poder Electoral, procesos que calificó de lentos y burocráticos.

“El objetivo es eliminar la discrecionalidad y hacer más sencillo todo el proceso”, insistió.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, durante una rueda de prensa en Caracas (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, durante una rueda de prensa en Caracas (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Esta propuesta de reforma se da en un contexto de crisis dentro del chavismo tras la captura del dictador narco Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos, y el nombramiento de Delcy Rodríguez como la nueva jefa del régimen chavista.

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El máximo representante del Parlamento chavista subrayó que la iniciativa está alineada con el llamado de Delcy Rodríguez, quien la semana pasada instó a “acelerar y hacer más ágiles todos los trámites” del Estado.

La agenda legislativa, según los anuncios, incluye la revisión de al menos ocho códigos legales, desde el penal hasta el civil y el de comercio, en lo que el chavismo define como una “reestructuración profunda” del sistema jurídico nacional.

Jorge Rodríguez aseguró que el proceso de reforma electoral será abierto a propuestas de las distintas fracciones políticas, aunque en la práctica la Asamblea Nacional está dominada por el oficialismo y los espacios de debate efectivo han sido sistemáticamente restringidos.

“Los proyectos legales que planteamos son una guía, una propuesta, pero se valorarán otras iniciativas”, señaló Rodríguez, sin dar detalles sobre mecanismos de consulta pública o la participación de expertos independientes.

Delcy Rodríguez, jefa del régimen chavista
Delcy Rodríguez, jefa del régimen chavista

Jorge Rodríguez también aprovechó la oportunidad para defender la creación de un nuevo Código Social, así como un Código de Democracia Directa y Poder Comunal, bajo el argumento de garantizar derechos y participación ciudadana.

“Es responsabilidad del Legislativo proporcionar instrumentos jurídicos que permitan a los ciudadanos sentirse defendidos y protegidos”, declaró.

Sin embargo, la realidad política y social de Venezuela contrasta con el discurso oficial. Las últimas reformas legales impulsadas por el chavismo han servido para reforzar el control sobre el sistema electoral y restringir la participación de actores independientes. Organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales han denunciado la falta de transparencia en la organización de comicios, la persecución de opositores y la manipulación institucional.

El paquete de leyes que la Asamblea Nacional discutirá en los próximos meses incluye también la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la Ley para la Protección de los Derechos Socioeconómicos, y normas relacionadas con la minería, la ciberseguridad, el sistema eléctrico y la economía digital. Rodríguez defendió la necesidad de adaptar el marco normativo a la “nueva realidad económica del país”, sin abordar los múltiples señalamientos sobre corrupción, opacidad y represión.

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